La inclusión de la primera dama en la lista de sanciones de EE. UU. por presuntos vínculos con el narcotráfico ha desatado una tormenta política. Petro alega persecución política y revela su separación de Alcocer para justificar su defensa.
La inclusión de Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, en la Lista Clinton por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha generado una fuerte controversia nacional e internacional. El presidente Gustavo Petro, también sancionado junto a su hijo Nicolás Petro y el ministro Armando Benedetti, ha calificado la medida como una “persecución política” y ha exigido la exclusión de Alcocer, argumentando que están separados “desde hace años” y que ella no tiene vínculos con actividades ilícitas. Sin embargo, documentos oficiales contradicen su versión, mientras el gobierno colombiano y sectores políticos se dividen entre el rechazo a la sanción y el pedido de explicaciones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó el pasado 24 de octubre a Verónica Alcocer en la Lista Clinton, una herramienta que sanciona a individuos por presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de activos. Según el comunicado oficial, Alcocer fue señalada por “haber proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico” al presidente Gustavo Petro, quien también fue sancionado por “permitir el florecimiento de los carteles de droga en Colombia”.
La inclusión de Alcocer implica el congelamiento de sus activos bajo jurisdicción estadounidense, restricciones financieras internacionales y la imposibilidad de realizar transacciones con entidades norteamericanas. El abogado Camilo Rojas advirtió que el proceso para salir de la lista puede tardar hasta ocho años y requiere pruebas contundentes de desvinculación con actividades ilícitas.
En respuesta, el presidente Petro reveló públicamente que está separado de Alcocer “desde hace años”, y calificó su inclusión como una “persecución gratuita” por parte de la “oligarquía colombiana” y del gobierno de Donald Trump. “La perjudican gratuitamente. Ya habían ordenado procesarla como parte de una estrategia electoral”, escribió en su cuenta de X.
No obstante, esta afirmación fue puesta en duda por el concejal Daniel Briceño, quien reveló una declaración oficial de conflictos de interés firmada por Petro en noviembre de 2024, en la que aún reconoce a Alcocer como su cónyuge. Esto ha generado cuestionamientos sobre la veracidad de la separación y el uso de recursos públicos en los viajes oficiales de Alcocer, quien ha representado al gobierno en eventos internacionales como el Vaticano y los Juegos Olímpicos.
La Cancillería colombiana emitió un comunicado rechazando la inclusión de Alcocer y del presidente en la Lista Clinton, calificándola como una “afrenta” y una “decisión sin sustento” que vulnera la soberanía nacional. Además, el abogado estadounidense Daniel Kovalik, defensor de Petro en EE. UU., anunció acciones legales contra el expresidente Trump por difamación, alegando que las sanciones son motivadas por razones políticas y no por pruebas de actividades ilícitas.
Mientras tanto, la inclusión de Alcocer en la lista ha generado un fuerte impacto en su vida personal y financiera. Según expertos, sus cuentas y tarjetas internacionales podrían ser congeladas, afectando sus frecuentes viajes al exterior y su capacidad de realizar transacciones fuera de Colombia.
