El presidente Gustavo Petro, se pronunció frente a las recientes críticas por el decreto que ordena la suspensión temporal de operaciones militares y policiales contra el autodenominado Estado Mayor Central de las Farc (EMCF), en medio del conflicto que se mantiene en varias zonas del país.
El decreto, divulgado en las últimas horas, estará vigente hasta el próximo 18 de mayo y tiene como finalidad crear las condiciones de seguridad y logística necesarias para que se avance en el proceso de ubicación del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte del EMCF en zonas previamente acordadas.
De acuerdo con el documento, otro de los objetivos de la suspensión temporal es facilitar las transformaciones territoriales relacionadas con producción agroalimentaria en Caquetá y en la subregión del Catatumbo, así como procesos de revitalización de la selva amazónica y tránsito hacia economías lícitas con los miembros del grupo armado que han manifestado intención de reincorporarse a la vida civil.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario señaló que las estructuras del EMCF están divididas entre frentes que manifiestan voluntad de diálogo y otros que, según sus palabras, buscan sabotear los procesos de paz. En ese sentido, aseguró que aquellos grupos que deseen acogerse al diálogo tienen plazo hasta el 18 de mayo para acordar las zonas de concentración.
El jefe de Estado también mencionó a otros grupos armados como los Comandos de la Frontera y los Comuneros del Sur, provenientes del ELN en Nariño, así como la Coordinadora Guerrillera, con quienes afirmó ya se han establecido zonas de concentración y territorios de paz.
Petro citó experiencias similares adelantadas en regiones como Itagüí, Medellín, Quibdó, la Sierra Nevada y Buenaventura, en las que, según indicó, se han abierto escenarios de negociación. Añadió que la política de extradición será evaluada en función del avance de estos procesos.
El presidente también informó que solicitó a la Fiscalía General de la Nación configurar grupos de trabajo especiales para revisar la situación jurídica de quienes se acojan a las negociaciones.
En su declaración, enfatizó que la fuerza pública mantiene la instrucción de atacar cualquier acción violenta contra la población civil proveniente de estos u otros grupos armados.
