Durante una alocución presidencial emitida el 3 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció que convocará por decreto una consulta popular sobre la reforma laboral y extendió una invitación directa a la Corte Constitucional para que respalde la iniciativa.
“No tengo ningún dominio de la Corte, pero les solicito nos acompañe en esta hermosa tarea de reconstruir el Estado Social de Derecho y la igualdad social”, expresó el mandatario, al confirmar que el decreto será elaborado esta misma semana.
Petro explicó que la Corte Constitucional recibirá el decreto esta misma semana. También aseguró que su decisión obedece al principio de que el pueblo debe expresarse directamente sobre los temas fundamentales del país. “Sé que me va a caer todo y que voy a acelerar todas las amenazas que hay contra mí. El pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia, no hay otro dueño”, indicó.
Horas antes de la alocución, el exfiscal y exmagistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, anticipó la decisión presidencial y explicó que, según el análisis jurídico del Gobierno, la votación en el Senado presenta vicios de inconstitucionalidad. “El Presidente tomó la decisión de convocar por decreto la consulta popular. La Presidencia, después de un estudio muy serio, encontró que en ese trámite del Congreso se incurrió en varios vicios de inconstitucionalidad, vicios que son insubsanables”, afirmó.
El ministro Armando Benedetti había anunciado previamente que ya existe un borrador con 12 preguntas, revisadas por constitucionalistas. Según el Ministro, la convocatoria se firmaría a más tardar en agosto.
Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, rechazó la iniciativa del Ejecutivo. Aseguró que esta acción implica una ruptura del equilibrio de poderes. “Es una ruptura de los poderes públicos. Es que no solamente contra el Legislativo, que aprobó legítimamente el rechazo a la consulta, sino contra el poder judicial, que es el que tiene que conocer presuntas irregularidades”, afirmó.
Cepeda también advirtió sobre posibles consecuencias legales. “En el momento que lo firme, si lo llegan a firmar, será demandado inmediatamente. Y estamos dirigiendo también una comunicación al señor Registrador del Estado Civil con la certificación del Secretario del Senado de la República, en el sentido de que se votó y no se aprobó en el Senado”, sostuvo.
El senador citó además al Consejo de Estado, que habría avalado la decisión del Senado y descartado vicios en el procedimiento legislativo. También expresó dudas sobre la posibilidad de que el registrador Hernán Penagos incluya la consulta en el calendario electoral. “La consulta popular se negó en la plenaria del Senado. Ahí están las certificaciones. No hay manera”, puntualizó.
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