La consulta presidencial del Pacto Histórico continúa siendo una fuente de controversia política y jurídica. Pese al fallo del Tribunal Superior de Bogotá que negó la tutela de Carolina Corcho y Gustavo Bolívar y revocó las medidas cautelares que permitían a la coalición actuar como un solo partido, el presidente Gustavo Petro y su equipo político insisten en mantener en pie la jornada del 26 de octubre.
El Tribunal respaldó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de frenar la fusión total del Pacto Histórico, excluyendo a la Colombia Humana y a Progresistas, movimientos liderados por Petro y María José Pizarro, por tener procesos sancionatorios pendientes y por no cumplir los requisitos legales para consolidar una personería unificada. La decisión judicial fue categórica y no hubo violación de derechos políticos, el CNE actuó dentro de sus competencias.
A pesar de ello, el presidente Petro reunió en la Casa de Nariño a los tres precandidatos presidenciales de la coalición, Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero, y a los miembros del comité político del Pacto para insistir en la realización de la consulta.
Durante más de cinco horas, el mandatario lideró personalmente la discusión, un hecho que vuelve a situarlo en el centro del debate por su participación activa en procesos de carácter político-electoral, contraviniendo las restricciones legales que tienen los funcionarios del Ejecutivo.
Pese a la claridad del fallo, la reunión se desarrolló a puerta cerrada y sin presencia de organismos de control, en un contexto donde los funcionarios públicos tienen prohibido participar en actividades de carácter proselitista. La intervención directa del mandatario en asuntos de campaña ha reactivado las advertencias de la Procuraduría, que ha recordado al Ejecutivo los límites que impone la ley electoral.
La posición del Gobierno ha sido mantener la convocatoria, argumentando que el fallo del Tribunal no ordena explícitamente suspenderla. La exministra Corcho sostuvo que detener el proceso sería incurrir en prevaricato, pues la Registraduría ya comprometió recursos públicos para su organización. Daniel Quintero, por su parte, calificó la decisión como “un triunfo de la democracia” y anunció que interpondrá una acción de nulidad para impedir que el fallo quede en firme.
Petro afirmó recientemente que “la consulta sigue en firme” y calificó la decisión del Tribunal como un “golpe político” contra la democracia.
El escenario deja a la coalición de Gobierno en una situación ambigua. Jurídicamente, el Pacto no puede funcionar como un partido único, pero políticamente actúa como si lo fuera. Los procesos sancionatorios contra la Colombia Humana, el Polo Democrático y la Unión Patriótica siguen abiertos, lo que impide su fusión legal. Aun así, desde el Ejecutivo se impulsa una consulta que carece de sustento normativo y que podría comprometer el uso de recursos públicos destinados a su logística.
El registrador Nacional, Hernán Penagos, confirmó que la entidad sigue avanzando en la logística de la jornada. Según explicó, los contratos para la consulta ya fueron firmados y los recursos asignados. “Hasta el momento no se ha recibido ninguna orden judicial que nos obligue a detener el proceso”, indicó.
El debate ahora se centra sobre la neutralidad institucional y el uso del poder presidencial en beneficio de una coalición política. La reunión en la Casa de Nariño, el discurso de respaldo del Presidente y la persistencia del Pacto en desafiar los fallos judiciales consolidan una tensión entre las ramas del poder público que no tiene precedentes en la actual administración.
El Consejo Nacional Electoral tendrá que decidir si avala el cambio de una consulta interna a una interpartidista o si suspende el proceso, lo que abriría un nuevo enfrentamiento con el presidente. Mientras tanto, el bloque oficialista mantiene su estrategia electoral en marcha, pese a que su base jurídica ha sido desmantelada por las decisiones de los tribunales, pues argumentan que dineros y otras gestiones ya han adelantado.
Desde la oposición, varios sectores han señalado que el uso de la Casa de Nariño como sede de reuniones políticas y la intervención directa del presidente en decisiones de campaña representan una vulneración del principio de neutralidad del Estado. Sin embargo, el bloque oficialista insiste en que los fallos judiciales son una “maniobra” de sus opositores.
