En un acto que refleja la gravedad de la situación climática que atraviesa Colombia, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1372 del 13 de noviembre de 2024, declarando el estado de desastre nacional.
Esta medida tiene como propósito responder a los múltiples estragos causados por la intensa ola invernal en varias regiones del país, como el Chocó, La Guajira y el centro del país.
La declaratoria estará vigente por 12 meses, con la posibilidad de extenderse si las condiciones persisten y el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo así lo aprueba.
El decreto permite que el Ejecutivo disponga de recursos y herramientas legales y constitucionales para enfrentar el desastre, el cual ya ha dejado un saldo alarmante de más de 2 millones de personas damnificadas, 244.553 familias afectadas, 92 fallecidos y 171 heridos, además de cuantiosos daños materiales en viviendas y áreas de cultivo.
Emergencias climáticas sin precedentes
Según reportes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en lo que va del año se han registrado 8.396 eventos climáticos y desastres en Colombia, afectando a 952 municipios.
Las cifras son devastadoras: 101.639 viviendas averiadas, 1.031 destruidas, y más de 280 mil hectáreas afectadas.
Solo en el segundo semestre de 2024 se registraron 1.666 eventos de diversa índole, entre incendios forestales, vendavales, deslizamientos e inundaciones. Estos desastres climáticos han dejado una estela de destrucción en infraestructuras básicas, incluyendo acueductos, centros de salud y educativos, además de afectar cultivos en más de 66 mil hectáreas.
Durante septiembre, el 40% de los eventos de ese semestre ocurrió en solo tres días, con un alto número de incendios, vendavales e inundaciones, principalmente en Cundinamarca, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Nariño, La Guajira, Norte de Santander y Chocó. Solo en Chocó, las lluvias del 9 al 11 de noviembre inundaron 25 municipios y afectaron a cerca de 187.885 personas.
Plan de acción y recursos: ¿Suficientes?
Para enfrentar la crisis, el presidente Petro anunció una asignación inicial de $1,7 billones. En un Puesto de Mando Unificado celebrado en Quibdó, el mandatario recorrió las zonas más afectadas y subrayó la urgencia de reubicar a los damnificados, dado que muchas localidades carecen de los recursos necesarios para enfrentar las consecuencias de la ola invernal.
Petro resaltó que la carencia de mapas de riesgo es un problema que debe asumir la Nación, y enfatizó que la reubicación de familias es inevitable en zonas de alto riesgo climático.
No obstante, Petro también subrayó la importancia de asegurar que los recursos destinados a la emergencia no sean malversados. “Lo primero es garantizar que la UNGRD no desfalque los dineros de la Nación, que en emergencia se pueden conseguir difícilmente”, declaró.
Proyecciones de largo plazo: Plan de reubicación y prevención
El decreto también permite agilizar obras de reconstrucción de viviendas e infraestructuras sin necesidad de licencias urbanísticas, en un intento por acelerar la respuesta en las zonas afectadas.
Petro manifestó la necesidad de ofrecer proyectos de reubicación atractivos, reconociendo que convencer a la población para trasladarse de zonas de riesgo requiere más que una simple oferta de vivienda.
A través de esta declaratoria de desastre, el gobierno pretende gestionar de manera efectiva los recursos asignados, velando por la transparencia en su uso y priorizando proyectos de largo plazo que prevengan situaciones similares en el futuro.
A pesar de los esfuerzos por atender la emergencia, las críticas hacia el gobierno no se han hecho esperar. Algunos sectores cuestionan la falta de planificación y el aparente retraso en la adopción de medidas preventivas.
Vea aquí el decreto completo
