Luego del hundimiento en el Senado de la propuesta de consulta popular impulsada por el Gobierno, el presidente Gustavo Petro anunció la convocatoria de diversos sectores sociales para definir los próximos pasos del denominado “movimiento popular”.
“El paso siguiente lo definiremos en conjunto”, aseguró el mandatario, al convocar una reunión con “las centrales obreras, la coordinación campesina, las juntas de acción comunal, los comités juveniles barriales y el movimiento indígena”.
En medio de la polémica por la decisión legislativa que impidió el avance de la consulta sobre la reforma laboral, Petro dio instrucciones específicas a las autoridades de seguridad. “La orden como presidente de la República de Colombia es que, en estos momentos, la Fuerza Pública no debe hacer uso de su fuerza contra el pueblo”, afirmó.
Según el jefe de Estado, la presencia de los uniformados debe limitarse a “cuidar los edificios de las instituciones y garantizar la convivencia pacífica entre la ciudadanía”.
En su mensaje, el presidente también pidió a los sectores sociales mantener una actitud pacífica: “Conservar la paz y la alegría. Ahora le corresponde a la coordinación del movimiento popular dar los pasos a seguir, de acuerdo a la Constitución”.
El mandatario cerró su pronunciamiento con un mensaje de respaldo a la movilización social: “Al pueblo no se le silencia con trampa. Estoy listo para lo que el pueblo decida”.
Además, arremetió contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, a quien responsabilizó directamente por el archivo de la consulta: “Efraín Cepeda cometió el peor error posible que en Colombia pueda cometerse: usar el fraude”.
Tras estas declaraciones, analistas y líderes de opinión han advertido que se trata de un nuevo ataque a la institucionalidad y a la democracia misma, al desconocer una decisión legítima del Congreso. Coinciden en que el presidente recurre a una narrativa reiterativa: cuando los fallos, decisiones o votaciones no le son favorables, denuncia supuestas persecuciones, amenazas o fraudes. Para varios sectores, esta postura debilita el respeto por las instituciones y busca trasladar el debate político a las calles, deslegitimando al Legislativo.
Las reacciones continúan en aumento mientras el país permanece atento al llamado del mandatario.
