Durante un consejo de ministros realizado en Montería, que se extendió por cerca de cinco horas, Petro abordó la emergencia invernal que afecta a varias regiones del país, anunció posibles medidas fiscales, denunció presuntos sabotajes, cuestionó a instituciones del Estado y defendió decisiones administrativas de su gobierno.
La sesión, convocada en medio de la calamidad pública por las lluvias en Córdoba y Sucre, derivó en una exposición que abarcó seguridad, energía, sistema electoral, contratación estatal y relaciones con autoridades judiciales.
El Gobierno estimó que se requieren 8 billones de pesos para atender los daños causados por las inundaciones. El presidente vinculó la disponibilidad de esos recursos a la decisión de la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económica expedido en diciembre. Señaló que los tiempos administrativos dependen de ese pronunciamiento y que el Ejecutivo no puede prolongar la espera ante la magnitud de las afectaciones.
La UNGRD reportó que imágenes satelitales muestran cerca de 48.000 hectáreas bajo el agua y proyecciones que elevan el impacto entre 250.000 y 300.000 hectáreas afectadas. Según Carlos CArrillo, director de la entidad, la restitución de viviendas y la recuperación productiva implica costos que superan la capacidad presupuestal ordinaria.
En paralelo, el ministro de Hacienda explicó que, de decretarse una nueva emergencia, el Ejecutivo impulsaría un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas para financiar la reconstrucción.
El encuentro también estuvo marcado por cuestionamientos al protocolo del consejo luego de que varios alcaldes de municipios impactados por las lluvias permanecieron durante horas fuera del recinto sin poder intervenir. El presidente defendió el procedimiento al señalar que se trataba de una instancia formal del Ejecutivo con reglas definidas y no de un espacio abierto de deliberación territorial.
En materia energética, el mandatario reveló que propuso a Donald Trump integrar infraestructura para transportar gas venezolano con el objetivo de modificar precios regionales. La propuesta incluyó la utilización de redes para exportación y redistribución, dentro de un esquema que, según explicó, tendría efectos en el mercado interno.
Otro de los puntos centrales fue la denuncia de un presunto plan para sabotear su reunión con el presidente Trump en Estados Unidos. Petro aseguró que funcionarios habrían intentado introducir sustancias ilícitas en su vehículo y que existían acciones coordinadas para afectar su seguridad.
Indicó que ordenó la salida de miembros de la Policía y que la comitiva presidencial modificó rutas de desplazamiento por riesgos contra su integridad y la de su familia. También afirmó que durante varios días se activaron protocolos de emergencia ante amenazas directas.
El presidente dedicó parte de su intervención a cuestionar a la Fiscalía General. Hizo referencias a supuestas alianzas políticas en altas esferas del ente acusador y mencionó investigaciones que, según él, buscan afectar a personas cercanas a su gobierno. En el mismo contexto defendió al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, frente a imputaciones por presuntos topes de campaña, y aseguró que revisó el expediente sin encontrar irregularidades.
El tema del contrato de pasaportes volvió a ser parte del debate. Petro reveló que la modificación del esquema de expedición eliminó un negocio ligado a una empresa relacionada con software electoral y que por esa razón existirían intentos de sabotaje. Presentó el diseño preliminar del nuevo documento y afirmó que su implementación responde a criterios de seguridad y control estatal.
Durante la sesión también planteó convertir la isla Gorgona en un centro internacional de investigación científica vinculado a salud pública, producción de antiofídicos y sistemas de refrigeración con infraestructura energética propia.
Mientras el consejo avanzaba, el gobernador del Cauca y otros mandatarios regionales pidieron reforzar la seguridad en corredores estratégicos y priorizar la atención a las comunidades afectadas. Las cifras oficiales hablan de más de 50.000 familias y 300.000 personas impactadas por la temporada de lluvias.
El consejo de ministros, convocado para responder a la emergencia climática, se convirtió en un escenario donde el presidente combinó anuncios fiscales, denuncias de seguridad, confrontaciones con órganos judiciales y defensas políticas de su administración, en medio de una crisis humanitaria que exige decisiones presupuestales inmediatas y coordinación interinstitucional.
