En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro aceptó que la Presidencia de la República suscribió un contrato por un valor cercano a los 10.000 millones de pesos para su defensa frente a las sanciones financieras impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos, tras su inclusión en la lista Clinton.
De acuerdo con la información, el contrato se hizo con la firma de abogados Amadeus Consultancy Limited, y según se conoció, el acuerdo fue firmado a comienzos de enero por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) mediante la modalidad de contratación directa, con recursos del Presupuesto General de la Nación.
Según los documentos oficiales, el objeto del contrato consiste en la prestación de servicios profesionales de asesoría especializada en materia de derecho internacional, enfocados en el análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras aplicado por autoridades extranjeras.
De acuerdo con lo establecido, la ejecución del contrato se desarrollará entre el 9 de enero y el 30 de abril de 2026, periodo durante el cual la firma contratada deberá adelantar las actuaciones previstas dentro del alcance definido por la entidad contratante. La Presidencia ha señalado que la contratación responde a la necesidad de contar con acompañamiento jurídico especializado frente a escenarios internacionales que involucran al jefe de Estado.
El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de X, donde afirmó que la contratación es consecuencia de gestiones adelantadas por sectores de la oposición en el exterior. En sus mensajes, el mandatario indicó que dichas acciones habrían incidido en la imposición de las sanciones financieras por parte de las autoridades estadounidenses.
Las declaraciones del presidente generaron reacciones cuestionando el uso de recursos públicos para este fin. Según estas posturas, la contratación debería ser asumida de manera particular y no con cargo al erario.
En medio de este contexto, la Procuraduría General de la Nación informó la apertura de una indagación previa contra el Dapre, con el fin de verificar si en la celebración del contrato se cumplieron los principios de la contratación estatal, entre ellos los de legalidad, transparencia y adecuada destinación de los recursos públicos.
Como parte de las actuaciones iniciales, el Ministerio Público solicitó copias del contrato suscrito con Amadeus Consultancy Limited, así como de los estudios previos que sustentaron la contratación directa. El organismo de control busca establecer si el proceso se ajustó a la normativa vigente o si se configura alguna irregularidad administrativa.
La Procuraduría también indicó que la indagación permitirá determinar si existe o no un eventual detrimento patrimonial, así como definir si las actuaciones adelantadas por la entidad contratante se enmarcan dentro de sus competencias legales.
