Fuentes cercanas al Gobierno indicaron que el presidente Gustavo Petro habría citado a su gabinete ministerial para este sábado 7 de junio, con el propósito de firmar el decreto que convoca oficialmente una consulta popular.
La convocatoria se realiza después de que el Congreso de la República rechazara formalmente la solicitud de consulta el pasado 14 de mayo. Posteriormente, el Ejecutivo planteó avanzar en la expedición de un decreto, una decisión que ha generado tensiones entre ramas del poder público.
Desde distintos sectores políticos y jurídicos se han emitido advertencias sobre los efectos que podría generar esta decisión. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, envió una alerta temprana a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que se señaló que se estaría presentando una alteración del orden constitucional.
El documento, respaldado por abogados y organizaciones de derechos humanos, advierte sobre una “amenaza real, verificable e inminente al principio de separación de poderes”. Según la comunicación, esta situación afectaría principios fundamentales consagrados tanto en la Constitución colombiana como en tratados internacionales ratificados por el país.
El Congreso solicitó que dicha oficina reciba la comunicación como una medida preventiva ante un posible escalamiento institucional. En el mismo texto, se pidió un pronunciamiento preventivo que exhorte públicamente al respeto del orden constitucional y del sistema democrático.
Mientras tanto, en el plano judicial, el 6 de junio una jueza de Bogotá falló a favor de una tutela interpuesta por la senadora María José Pizarro. La parlamentaria del Pacto Histórico había apelado el cierre de la votación en el Senado y alegó que se vulneraron sus derechos al debido proceso. En su decisión, la jueza ordenó al presidente del Senado responder de fondo la apelación en un plazo máximo de 48 horas.
Efraín Cepeda, por su parte, respondió afirmando que la apelación ya había sido resuelta el 21 de mayo. En su argumentación, indicó que el hecho tutelado ya se encontraba superado y que la apelación resultaba improcedente, entre otras razones, por falta de claridad sobre el acto recurrido y por no existir una instancia superior a la Plenaria del Senado, de acuerdo con la Ley 5 de 1992.
Cepeda también afirmó que no hubo empate en la votación ni necesidad de repetir la sesión. Para sustentar su posición, citó la Sentencia C-277 de 2007, en la cual se reconoce la cosa juzgada legislativa como criterio de cierre del debate parlamentario. Finalmente, rechazó que su actuación hubiera vulnerado derechos fundamentales y expresó que las solicitudes posteriores deben tramitarse como peticiones formales ante la Secretaría General del Senado.
En reacción a estos hechos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó a Cepeda por la manera en que se resolvió la apelación. “El que hace la trampa resuelve si fue trampa o no fue trampa”, escribió Benedetti en sus redes sociales el 7 de junio. Aseguró que la sesión fue cerrada sin resolver la apelación como lo exige la Ley Quinta y que esto habría vulnerado el debido proceso de la senadora Pizarro.
El país permanece a la espera de la firma oficial del decreto por parte del presidente y su gabinete, así como de las reacciones que continúe generando esta iniciativa en los diferentes sectores institucionales.
