jueves, junio 12, 2025
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Petro aseguró que el decreto que convoca a la consulta popular, pretende defender los derechos del pueblo 

Ante cerca de siete mil personas reunidas en la Plazoleta de San Francisco, en Cali, el presidente Gustavo Petro anunció que ya firmó el decreto que convoca a la consulta popular. La declaración se dio pocas horas después de que los departamentos de Cauca y Valle del Cauca fueran afectados por una serie de atentados, que según fuentes oficiales, suman al menos 26 ataques registrados de manera casi simultánea.

Durante su intervención, el mandatario inició con un minuto de silencio en solidaridad con el senador Miguel Uribe, quien se recupera de un atentado. También hizo referencia al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y a la histórica marcha del silencio.

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En su discurso, el Presidente reiteró que, según él, las amenazas en su contra y el atentado contra Uribe estarían relacionadas con mafias del narcotráfico. Aseguró que la consulta popular busca “garantizar la participación ciudadana en la defensa de los derechos laborales”, los cuales según dijo han sido vulnerados por gobiernos anteriores.

Petro respondió a quienes han relacionado la violencia reciente con la convocatoria a la consulta. “El culpable no es el pueblo de Colombia ni su presidente. La consulta popular no es amiga de los asesinos. La desigualdad social sí es amiga de los asesinos”, expresó.

Al referirse a la participación de un menor de edad en uno de los atentados, responsabilizó al modelo social y económico, señalando que las condiciones laborales de las madres impiden el tiempo de crianza y acompañamiento. También argumentó que la falta de oportunidades educativas y de ingresos para las familias contribuye al reclutamiento de menores en actividades delictivas. Según el mandatario, estos problemas podrían solucionarse con su propuesta de reforma laboral.

“El acceso a la justicia social y a los derechos fundamentales no es enemigo de la paz”, sostuvo, y criticó a quienes califican el decreto de inconstitucional o de prevaricato. En su defensa, señaló que su actuación se enmarca en la Constitución de 1991. “El presidente no ha hecho más que cumplir con lo planteado en su programa de gobierno: reformar el sistema pensional, el sistema de salud y el sistema laboral para ampliar derechos”, afirmó.

Petro aseguró que, aunque se le ha pedido moderar el tono de sus intervenciones, no está dispuesto a silenciarse. Respecto a la reforma laboral que se debate en el Congreso, manifestó que no cumple con las expectativas de su gobierno y advirtió que, si el Senado no aprueba el texto aprobado previamente por la Cámara, la consulta continuará su curso.

Durante su discurso, también criticó lo que considera bloqueos por parte del Congreso a su agenda legislativa, y calificó estos obstáculos como un “bloqueo inconstitucional”. En un mensaje dirigido a la Corte Constitucional, pidió independencia en el análisis del decreto y recordó que Colombia es una de las sociedades más desiguales del mundo.

A pesar de haber firmado durante su campaña que no convocaría una asamblea constituyente, el presidente mencionó esa posibilidad como alternativa si la consulta no avanza: “Lo que sigue son ocho millones de firmas (…) todos los instrumentos legales, incluida la Asamblea Nacional Constituyente, están sobre la mesa porque el soberano es el pueblo de Colombia”.

En otro tramo de su intervención, acusó al congresista estadounidense Marco Rubio de coordinar, desde Estados Unidos y con apoyo de figuras colombianas, un supuesto plan para derrocar su gobierno. En ese sentido, solicitó a la Fiscalía que sé conforme una comisión internacional para investigar tanto el atentado contra Miguel Uribe como las amenazas en su contra.

Finalmente, aunque afirmó no tener interés en presentarse a una reelección, invitó a sus seguidores a respaldar el proyecto político que representa, a través del voto.

El discurso del presidente en Cali evidencia el rumbo que ha tomado su estrategia política, basada en la movilización ciudadana, la presión institucional y una retórica que continúa marcando distancia frente a algunos sectores del Congreso y de la justicia.

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