El presidente colombiano denunció que su inclusión en la Lista Clinton busca aislarlo del sistema financiero global.
Acusó a los bancos de actuar como “instrumentos de presión política” y anunció una defensa legal internacional. La medida afecta también a su esposa, su hijo y el ministro del Interior.
La inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton —oficialmente la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)— ha generado una tormenta política y financiera en Colombia. La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, implica el bloqueo de activos, la prohibición de transacciones con entidades estadounidenses y un aislamiento del sistema bancario internacional, debido a que la mayoría de los bancos operan con corresponsales en EE. UU.
Petro, junto con su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro Armando Benedetti, fue señalado por presuntos vínculos indirectos con operaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
En su pronunciamiento oficial, Petro denunció que la sanción representa una “muerte civil” impuesta por el sistema financiero global. “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, escribió en su cuenta de X.
Fuentes cercanas al Palacio de Nariño indicaron que el presidente considera que los bancos están siendo utilizados como herramientas de coerción política, y que la medida busca desestabilizar su gobierno mediante el bloqueo de operaciones financieras esenciales.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), encargada de monitorear operaciones sospechosas en Colombia, emitió un comunicado en el que rechaza la inclusión de Petro en la lista y la califica como “violatoria del debido proceso”. Según la entidad, no existen reportes de operaciones sospechosas (ROS) que vinculen al presidente, su esposa o su hijo con lavado de activos o financiación del terrorismo.
La UIAF destacó que durante el gobierno de Petro se han detectado más de 51 billones de pesos en recursos ilícitos, lo que representa un aumento del 232% en comparación con el cuatrienio anterior.
Petro anunció que su defensa estará a cargo del abogado estadounidense Dany Kovalik, quien buscará revertir la sanción ante instancias internacionales. El mandatario insiste en que la medida responde a una “amenaza cumplida” por parte del senador republicano Bernie Moreno, quien lo acusó de haber sido elegido con apoyo de carteles de droga.
La controversia marca un punto de quiebre en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Analistas advierten que el aislamiento financiero podría afectar no solo al presidente, sino también a la economía nacional, al generar desconfianza en los mercados y dificultar operaciones internacionales.
