El gobierno de Gustavo Petro habría decidido extender la política de exención de visa a una lista ampliada de países, que va mucho más allá de la anunciada apertura hacia China. Según trascendió en las últimas horas, el presidente colombiano habría ordenado iniciar el proceso para eliminar el requisito de visado para ciudadanos de Afganistán, Angola, Bangladesh, Bielorrusia, Chad, China, República Democrática del Congo, Corea del Norte, Cuba, Gabón, Haití, Irán, Iraq, Kenia, Lesoto, Libia, Mozambique, Nicaragua, Ruanda, Siria y Sudán.
La decisión, que fue anticipada en parte por la canciller Laura Sarabia en sus redes sociales, pretende, según el gobierno, facilitar el turismo, el comercio y la inversión, como parte de una política de “visión compartida” y apertura global. Sin embargo, la amplitud del listado ha despertado lecturas que van más allá del simple incentivo económico, ya que incluye a países que han sido catalogados por Estados Unidos como estados de interés especial o que enfrentan sanciones internacionales por razones de seguridad, derechos humanos o vínculos con organizaciones catalogadas como terroristas.
Colombia y su giro en política migratoria frente a aliados históricos
El nuevo enfoque de la política migratoria colombiana representa un cambio sustancial frente al modelo que ha prevalecido en el país durante las últimas décadas, alineado con la doctrina de control migratorio de Estados Unidos y de la Unión Europea. En este listado aparecen países como Irán, Siria, Corea del Norte y Cuba, que forman parte de las listas de restricciones de visado y vigilancia de seguridad del Departamento de Estado norteamericano.
También figuran otros como Nicaragua y Bielorrusia, cuyas administraciones son señaladas por organizaciones internacionales de derechos humanos como regímenes autoritarios. En el mismo grupo se encuentran Afganistán e Iraq, países que han estado en la mira de Occidente tras décadas de conflicto, y otros como Haití o Sudán, reconocidos por sus crisis humanitarias y la inestabilidad política que empuja a miles de personas a buscar refugio en otros territorios.
Desde el punto de vista diplomático, la ampliación de este beneficio supone un claro distanciamiento de la agenda migratoria de Washington, que en repetidas ocasiones ha endurecido sus políticas para impedir el ingreso de ciudadanos de muchos de estos mismos países, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional. La Casa Blanca, hasta ahora, no ha emitido comentarios públicos sobre el anuncio colombiano, aunque no es difícil anticipar que la medida llamará la atención de las agencias de seguridad estadounidenses, sobre todo en un contexto global marcado por el aumento de flujos migratorios irregulares y crisis geopolíticas.
Contexto internacional. Entre la soberanía migratoria y la seguridad global
Más allá de la política interna, la decisión de Petro se produce en medio de un ambiente internacional complejo. Estados Unidos ha reforzado en los últimos meses sus controles fronterizos y sus listas de verificación migratoria, al tiempo que aplica sanciones comerciales y diplomáticas a varios de los países que ahora figuran en la lista de exención colombiana.
Por ejemplo, Irán y Corea del Norte se encuentran bajo sanciones multilaterales por sus programas nucleares y armamentísticos; Cuba permanece en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, según la política oficial estadounidense; y Bielorrusia es objeto de restricciones económicas y políticas desde la Unión Europea y EE. UU. tras la crisis política de 2020.
Esta apertura migratoria también incluye a naciones africanas como Chad, Libia y la República Democrática del Congo, que en distintos momentos han enfrentado conflictos internos prolongados y han sido puntos de origen de movimientos migratorios masivos, algunos de ellos irregulares, que terminan en rutas hacia América del Norte y Europa.
Hasta hace poco, Colombia era considerado por Washington como su principal aliado regional en Sudamérica, no solo en temas de seguridad, sino en lucha antidrogas, cooperación militar y control migratorio. Esta nueva política, si bien es una decisión soberana del gobierno colombiano, marca un giro visible en las prioridades diplomáticas del país, ahora más centradas en la apertura multilateral y menos dependientes de las líneas tradicionales impuestas por las potencias occidentales.
Por el momento, el anuncio no se ha traducido en reacciones oficiales por parte de la administración Trump ni por parte de figuras relevantes de la política estadounidense que han mantenido un discurso crítico frente a las decisiones de apertura migratoria en otros países cuando estas implican, directa o indirectamente, una posible relajación de filtros de seguridad.
La decisión de Colombia, en cualquier caso, abre un nuevo capítulo en sus relaciones exteriores, que ahora parecen caminar hacia un modelo más autónomo y global, aunque no exento de tensiones con sus aliados históricos.
