El presidente Gustavo Petro reaccionó recientemente a la orden de captura emitida por la justicia de Guatemala contra Iván Velásquez, actual embajador de Colombia ante el Vaticano, y Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, por supuestos vínculos con el caso Odebrecht. En su pronunciamiento, el jefe de Estado acusó a las fiscalías de Guatemala y de otros países de actuar en favor del crimen organizado y no de la ciudadanía.
“La fiscalía de Guatemala, como la fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías”, señaló Petro, en una declaración que marca un tono crítico frente a la justicia de algunos países latinoamericanos.
El mandatario fue más allá al advertir sobre la presunta influencia del narcotráfico en las instituciones judiciales y políticas de la región. “Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos”, dijo, calificando estos hechos como crímenes de lesa humanidad.
Petro hizo un llamado a fortalecer la justicia penal internacional y propuso que las mafias sean juzgadas en tribunales globales. “Los crímenes cometidos por las mafias, contra el pueblo latinoamericano, son crímenes internacionales y deben ser juzgados por la justicia penal internacional a la que se debe ayudar a financiar y fortalecer”, afirmó.
En ese contexto, invitó a conformar un equipo de juristas independientes que estructuren una acusación formal contra lo que llamó “multinacionales de la mafia”. “Invito a equipos de abogados independientes a redactar la primera causa penal contra las multinacionales de la mafia para que sean juzgadas y condenadas en tribunal internacional”, concluyó.
El pronunciamiento del presidente se produce tras el anuncio del Ministerio Público de Guatemala, que a través del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, ordenó la detención no solo de Velásquez y Camargo, sino también de otras figuras relacionadas con la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Entre los mencionados están Telma Esperanza Aldana Hernández, exfiscal general de Guatemala; Mayra Johana Véliz López, exsecretaria general del Ministerio Público; Juan Pablo Carrasco de Groot, expresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Estadounidense (AmCham); Luis David Gaitán Arana, exmandatario de la CICIG; y los exfiscales Rudy Manolo Herrera Lemus y Ami Mayra Lissed Girón Rodas.
Las acusaciones incluyen los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción de justicia y colusión, y han generado reacciones tanto en Colombia como en el ámbito internacional.
