El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, aceptó la renuncia del ministro de Justicia y del Derecho, Luis Eduardo Montealegre Lynett, mediante el Decreto 1143 del 27 de octubre de 2025, firmado por el ministro de Salud y Protección Social en su calidad de delegatario de funciones presidenciales.
El documento oficial establece que, a partir de la fecha de su expedición, se acepta la renuncia de Montealegre al cargo de Ministro de Justicia, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.000.512, con Código 0005. Así mismo, el Gobierno dispuso un encargo interinstitucional para la dirección de la cartera mientras se designa un reemplazo en propiedad.
De acuerdo con el Decreto 1143, el actual secretario jurídico de la Presidencia de la República, Augusto Alfonso Ocampo Camacho, con cédula de ciudadanía No. 79.391.024, asume como ministro encargado del Ministerio de Justicia y del Derecho. Ocampo, Código 1160, continuará desempeñando sus funciones actuales en la Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
El acto administrativo indica también que el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través del Área de Talento Humano, deberá comunicar el contenido del decreto tanto a Montealegre como a Ocampo. El decreto rige a partir de la fecha de su expedición y fue emitido el 27 de octubre de 2025 con la instrucción de “Comuníquese y cúmplase”.
La renuncia de Montealegre fue presentada días antes desde París, mediante una carta fechada el 24 de octubre de 2025. Allí, el entonces ministro la calificó como “irrevocable” y expuso las razones que motivaron su decisión, centradas en su desacuerdo con el fallo del Tribunal de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro del proceso penal que enfrentaba.
Montealegre expresó en la comunicación que su salida obedecía a una “profunda indignación” por la decisión judicial, a la que señaló de constituir un “prevaricato”, y se refirió al expresidente con señalamientos sobre supuestas responsabilidades en hechos que el ministro indicó como graves. Según el texto que dirigió al presidente Petro, la absolución sería “un ilícito avalado por el establecimiento de Colombia”.
El exministro anunció que acudirá “a los tribunales internacionales” en calidad de presunta víctima y aseguró que su propósito es evitar que los hechos atribuidos al exmandatario “queden en la impunidad”. Añadió que requiere “total libertad” para continuar lo que definió como acciones jurídicas en ese contexto.
Montealegre sostuvo en su renuncia que sería “predecible” que la Corte Suprema de Justicia también absuelva a Uribe y cuestionó el papel de la Fiscalía General de la Nación frente a investigaciones relacionadas con hechos del pasado que mencionó en su carta. Además, se refirió a la institucionalidad judicial con críticas adicionales que incluyeron al procurador general.
En el mismo documento, Montealegre agradeció al presidente Petro la confianza otorgada durante su periodo en el cargo y señaló que continuaría apoyando lo que denominó como propósito de transformación del país. También afirmó que “la constituyente de iniciativa popular es el único camino” para enfrentar lo que calificó como riesgos institucionales en Colombia.
La carta concluyó con un mensaje dirigido al jefe de Estado en el que expresa advertencias sobre su entorno político inmediato.
