La situación en torno a la expedición de pasaportes en Colombia continúa sin resolverse. A menos de tres meses de que finalice el actual contrato, José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, advirtió que el país enfrenta el mismo escenario de incertidumbre administrativa que se presentó hace dos años, cuando se suspendió el proceso licitatorio destinado a garantizar la continuidad en la producción de estos documentos.
En una entreviasta reciente, Salazar indicó que no se ha tomado ninguna decisión efectiva que permita superar la contingencia. Según explicó, desde el inicio del actual Gobierno se desestimaron soluciones técnicas ya estructuradas, debido a directrices políticas que intervinieron en procesos contractuales que hasta entonces contaban con los requisitos exigidos por la normativa nacional.
Durante su intervención, Salazar recordó que la licitación pública adelantada durante su gestión había definido un plazo de cuatro meses entre la adjudicación del contrato y el inicio de ejecución, tiempo que varios proponentes consideraron insuficiente, salvo uno. “Solo Thomas Greg & Sons logró cumplir con los estándares técnicos definidos”, señaló.
El exfuncionario afirmó que las decisiones posteriores del Gobierno, particularmente la instrucción de excluir a dicha empresa de manera categórica, derivaron en la cancelación de la licitación en septiembre de 2022. Esto condujo al uso de la figura de urgencia manifiesta para evitar una parálisis inmediata en la expedición de pasaportes.
Sin embargo, hoy, a pocos meses de un nuevo vencimiento contractual, las autoridades estudian aplicar nuevamente esta misma vía.
A la par, se han hecho intentos de establecer alianzas con nuevos proveedores internacionales. Uno de ellos, con una empresa portuguesa, fue anunciado por el excanciller Luis Gilberto Murillo.
No obstante, Salazar sostuvo que, desde el punto de vista técnico y jurídico, no se conocieron avances concretos ni documentación verificable sobre ese convenio. “Solo se conocieron anuncios públicos. En el fondo, nunca hubo claridad sobre si existía o no una propuesta estructurada conforme a los procedimientos legales en Colombia”, afirmó.
El exsecretario también fue enfático en advertir que el país no cuenta con margen para nuevas demoras. De no concretarse un nuevo contrato a corto plazo, Colombia podría quedarse sin capacidad operativa para emitir pasaportes. “Eso implicaría una afectación directa al derecho fundamental a la movilidad de los ciudadanos, en especial aquellos que requieren documentos para viajar o residir en el exterior”, explicó.
Salazar cuestionó la intervención directa del presidente Gustavo Petro en el proceso, asegurando que ha emitido instrucciones que no corresponden a sus competencias. Recordó que la gestión del sistema de pasaportes está regulada por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, creado mediante la Ley 20 de 1992, y cuyas funciones deben ejecutarse dentro del marco normativo vigente. “El presidente está dando instrucciones que, jurídicamente, están fuera de su competencia”, puntualizó.
Mientras tanto, la Cancillería sigue sin definir un camino concreto. La alternativa de firmar un nuevo contrato por urgencia manifiesta con el mismo operador ha sido considerada, aunque la decisión final aún no ha sido oficializada. La falta de claridad sobre el futuro de este servicio esencial mantiene la incertidumbre en miles de ciudadanos y pone nuevamente en evidencia las dificultades del actual Gobierno para resolver una crisis que se arrastra desde el inicio de su mandato.
