El procurador delegado para la Función Pública, Marcio Melgosa, confirmó que la implementación del nuevo operador para la expedición de pasaportes en Colombia requerirá un periodo mínimo de siete meses, según lo estipulado en los estándares internacionales definidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Así lo manifestó durante una entrevista reciente, en la que también explicó que el proceso aún no cuenta con un contrato suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, entidad estatal que asumiría la labor con mediación del Gobierno de Portugal.
La Procuraduría General de la Nación realizó una visita preventiva a la Cancillería y a la Imprenta Nacional para verificar los avances del proceso de cambio de operador. Según lo constatado en dicha inspección, actualmente no existen las condiciones técnicas, contractuales ni logísticas para iniciar la fabricación de pasaportes por parte del nuevo operador.
“Hoy no tienen la preparación para eso”, afirmó Melgosa al referirse a la Imprenta Nacional. El funcionario también señaló que no hay un convenio formal vigente entre las partes que permita iniciar la operación. A menos de dos meses de la finalización del contrato actual, la falta de un acuerdo interinstitucional ha generado incertidumbre sobre la continuidad del servicio.
El plazo de siete meses, reiteró Melgosa, fue fijado por la OACI como parte de una guía técnica firmada en 2022 con la Cancillería, en la que se establece que toda transición en la producción de documentos de viaje debe cumplir un cronograma técnico que incluya instalación de equipos, formación de personal, pruebas de personalización, y protocolos de seguridad internacional.
Además de los retrasos en la firma del contrato, la Procuraduría señaló que podrían existir irregularidades administrativas. El informe, presentado con fines disciplinarios, advierte que desde enero de 2024 existían condiciones para abrir una nueva licitación, luego de que se declarara desierta la anterior en 2023. Sin embargo, esta posibilidad fue descartada, y en su lugar se contempló la participación del Gobierno de Portugal a través de la Casa de la Moneda de ese país.
Sobre esta intervención extranjera, Melgosa indicó que no hay claridad en los términos de la participación portuguesa ni se conocen los documentos oficiales que respalden dicha decisión. “Eso lo tiene que explicar la Cancillería”, dijo al ser consultado por los mecanismos jurídicos utilizados para incorporar a un tercer Estado en el proceso.
El informe también apuntó a una presunta falta de planeación en todo el proceso, al identificar decisiones adoptadas sin un cronograma definido ni garantías de legalidad en la contratación. La Procuraduría resaltó que esta situación no es reciente y que los problemas en la planeación vienen desde años anteriores.
Con la fecha límite del 31 de agosto cada vez más cercana, la Procuraduría alertó sobre los riesgos de una interrupción en la expedición de pasaportes a partir del 1 de septiembre. La entidad aseguró que mantendrá vigilancia permanente sobre el proceso para prevenir una afectación en la prestación del servicio.
