La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, así como contra Alfredo Saade Vergel, jefe de despacho de la Presidencia de la República, por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato para la elaboración y distribución de pasaportes.
La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción, tras una serie de indagaciones preliminares que apuntan a posibles fallas en el diseño, planeación y ejecución del nuevo modelo de expedición de pasaportes, así como en las actuaciones de algunos funcionarios de alto nivel durante la transición operativa del servicio.
Según la Procuraduría, Laura Sarabia, quien ocupó el cargo de Canciller entre marzo y julio de 2025, habría conocido desde abril que el modelo de externalización del servicio con la Casa de la Moneda de Portugal era inviable, y que la Imprenta Nacional no contaba con la capacidad técnica para asumir la producción de los documentos de viaje. No obstante, continuó avanzando con el cronograma, lo que generó retrasos operativos y acumulación de solicitudes no resueltas.
En el caso del excanciller, Luis Gilberto Murillo, el órgano de control señala que habría recurrido indebidamente a una declaratoria de urgencia manifiesta en septiembre de 2024, que permitió extender el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons, luego de que el proceso licitatorio anterior fuese anulado.
Por su parte, Alfredo Saade Vergel es investigado por una supuesta extralimitación en sus funciones. De acuerdo con los hallazgos iniciales, el jefe del despacho presidencial habría impartido órdenes a funcionarios de la Cancillería para que redujeran el número de citas disponibles para expedición de pasaportes, afectando directamente la prestación del servicio y generando largas demoras para los ciudadanos.
Esta directriz fue mencionada por la entonces canciller Sarabia, quien en su momento cuestionó la intervención de Saade, afirmando que había sostenido reuniones con personal técnico del ministerio para dar instrucciones operativas ajenas a sus competencias legales.
La Procuraduría señaló que los tres altos funcionarios serán llamados a rendir versión libre dentro del proceso disciplinario y que las actuaciones buscan determinar si incurrieron en faltas relacionadas con los principios de planeación, responsabilidad y legalidad en el ejercicio de sus funciones.
El ente de control indicó que continuará con el recaudo probatorio correspondiente para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades disciplinarias, en un proceso que se desarrolla paralelamente a las acciones judiciales en curso por parte de otras entidades del Estado.
