El Consejo Nacional Electoral (CNE) aplazó indefinidamente la decisión sobre el expediente que investiga a la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunto exceso en los topes de financiación en 2022. El proceso, que había llegado a una etapa decisiva, se detuvo por la incapacidad médica de la magistrada Alba Lucía Velásquez, figura clave en el trámite interno del caso.
La magistrada Velásquez ha sido reconocida por su cercanía al Pacto Histórico que respaldó la elección de presidente al punto de ser una de las dos magistradas que salvaron su voto cuando ser elevó el pliego de cargos en contra de la campaña, pues con Fabiola Márquez, consideraron que el CNE no era competente para proceder con la investigación. Esta posición y su cercanía al Pacto Histórico de Petro, ha llamado la atención ante la “casualidad” de su incapacidad como lo manifiestan varios ciudadanos en redes sociales.
Según el expediente, la campaña del hoy presidente habría superado en más de 5.300 millones de pesos los límites establecidos por la ley electoral. Aunque ya existe una ponencia lista para votación en Sala Plena, el avance quedó suspendido por razones jurídicas relacionadas con recusaciones pendientes y la reciente ausencia de la magistrada Velásquez, quien solicitó una licencia médica de un mes tras un accidente doméstico.
Velásquez, designada en representación del Pacto Histórico, debía resolver al menos dos recusaciones en su contra. Una de ellas fue presentada por el abogado Germán Felipe Sosa Prieto, quien cuestiona que la magistrada no informó a sus colegas que había actuado como testigo electoral del Pacto Histórico durante los comicios de 2022, lo cual podría configurar un conflicto de interés. Sosa pidió su retiro del caso y la eventual designación de un magistrado ad hoc.
Además, fuentes del CNE confirmaron que las recusaciones no fueron tramitadas en los tiempos requeridos, lo que ha generado molestia interna y preocupa por una posible pérdida de validez procesal. De acuerdo con la Ley 1437 de 2011, la omisión en declarar impedimento o en tramitar recusaciones puede afectar la legalidad de las actuaciones futuras.
El documento de incapacidad médica de la magistrada tiene validez hasta el 30 de junio, lo que implica que el expediente no podrá ser discutido ni votado al menos hasta julio. Entretanto, crecen las alertas por la posible prescripción del caso, lo cual podría impedir cualquier tipo de sanción.
precisamente sectores críticos al gobierno consideran que la incapacidad podría tratarse en realidad de una maniobra para lograr que pase el tiempo y se decrete la prescripción y así evitar que el presidente y su campaña sean expuestos.
Analistas y sectores críticos del Gobierno consideran que los retrasos en el trámite del expediente afectan la credibilidad institucional del CNE. La atención ahora está puesta en la reactivación del proceso, la resolución de las recusaciones pendientes y la garantía de que el caso se resuelva dentro de los términos legales establecidos
