Por: Juan Nicolás Gaviria
Suscitó esta semana que la Corte Constitucional por votación de 6 contra 3, declaró inconstitucional la reforma que imponía cadena perpetua para violadores de menores de edad en Colombia, una ley que supuso un camino de más de 10 años, desde que la entonces Senadora Gilma Jiménez (QEPD) inició ese periplo.
10 años de debates y luchas; un proyecto de ley que se metió con todo y contra todo, con el fin de garantizar los derechos de los jóvenes y adolescentes de nuestro país. Pisó los cayos de la religión, de la constitución y los derechos fundamentales, tocó la moral, los valores, nuestros principios como sociedad y finalmente, se logró.
Un triunfo absoluto y gratificante en defensa de la integridad física y moral del futuro de nuestra sociedad, una sociedad habida de justicia, adolorida por la impunidad, cansada de ver como la corrupción, la violencia y los abusos, no tienen castigo en un país que se dice garantista de derechos.
Y fue por ahí, por la garantía de derechos que se metió la Corte. Argumentó la magistrada ponente que, es un derecho de cualquier recluso la resocialización, que de hecho es el fin primordial de la pena privativa, que aduce a la dignidad humana; argumentó entonces que, “una pena de prisión perpetua sin posibilidad de revisión puede constituir una pena cruel, inhumana y degradante, prohibida por los instrumentos internacionales, toda vez que se anula la esperanza razonable y efectiva de salir de prisión y se margina definitivamente al individuo de la sociedad”.
¿No les resulta irónico? Parece una sentencia en favor de una víctima de violación quien queda condenada para toda su vida por cuenta de su agresor ¿Qué pasará por la cabeza de una víctima de violación en estos momentos al leer ese fallo? ¿En favor de quien opera la Corte? Claramente no en favor de las víctimas, que a todas luces están en estado de indefensión.
Ahora bien, ¿por qué el tema llegó a la Corte Constitucional? Diría uno que por trámite, pues cada ley que sale del congreso pasa por allí para revisar su viabilidad o no, pero resultó que no, resultó que está ley fue demandada; y para continuar con las ironías, adivinen quien la demandó…
Se llaman “Grupo de Prisiones de la Universidad de Los Andes” y “tienen como propósito actuar en favor del respeto de los derechos humanos y del acceso a la justicia de la población reclusa a través de la asesoría y representación jurídica, el litigio de alto impacto, la capacitación en defensa y el ejercicio de los derechos ciudadanos, y la asesoría legislativa y en política pública.”
Una actividad loable, sobre todo en un país como el nuestro dónde ya hemos visto y con lujo de detalles, que la justicia no opera como debería. Pero ya la balanza de la justicia se está yendo para el otro lado.
¿Qué puede uno pensar y esperar de esto? Sencillamente, seguiremos siendo testigos del surgimiento de un sinfín de organizaciones en pro de “la defensa de derechos humanos y libertades” que, si bien en alguna medida procuran garantizar un equilibrio, también logran profundizar fallas. Como por ejemplo el Colectivo de Abogados José Albear Restrepo, de quienes los invito a revisar su actuar y particularmente en defensa de quien.
En todo caso debemos recordar lo siguiente. Vivimos en Colombia, en un estado social de derecho, democrático y garantista de libertades, donde la ley, en teoría, aplica para todos y todos podemos apoyarnos en ella. Sin embargo, veo con preocupación que mientras unos nos apoyamos, otros se apalancan, logrando un desequilibrio profundo fundamentado en banderas ideológicas que, poco o nada tienen que ver con la democracia, pero que ella bien le sirve a su causa.
Bienvenidos nuevamente a la Patria Boba, donde nos dejamos fragmentar socialmente por quienes quieren refundar la República.
