Durante la transmisión del Consejo de Ministros, emitida por canales públicos el pasado martes, el presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas contra el Congreso de la República, especialmente contra su presidente, el senador Efraín Cepeda. En su intervención, el mandatario cuestionó duramente la votación sobre la consulta popular, asegurando que los legisladores votaron sin conocimiento del contenido.
«Pusieron a votar a la gente sin saber qué votaban. Eso está prohibido por la Ley 5.ª. Es decir, no se votó un concepto, un concepto previo, ni a favor ni en contra», afirmó el jefe de Estado, calificando de “ignorantes”, “tramposos” y “brutos” a quienes —según él— intentan bloquear el mecanismo de participación ciudadana.
En ese sentido, reiteró su respaldo al concepto jurídico del ministro del Interior, Armando Benedetti, según el cual, al no haberse leído ni aprobado formalmente el texto de la consulta antes de la votación, el Gobierno estaría facultado para convocar a las urnas por decreto.
«Pasados 30 días del momento en que se presentó la consulta, ya entraron a decir que soy un dictador, pero es lo que dice la ley», insistió Petro. «Porque son brutos, porque son tramposos (…). Eso es una política pobre de mente, pobre de espíritu, una política miserable», agregó, en una declaración que generó polémica en distintos sectores.
Otro punto que abordó el mandatario fue la supuesta censura de los canales privados al negarse a transmitir los Consejos de Ministros. Por ello, dio instrucciones al ministro de las TIC para que interponga acciones judiciales al respecto.
Finalmente, el presidente confirmó su apoyo a las movilizaciones convocadas por las centrales obreras para los días 28 y 29 de mayo. Este respaldo llamó la atención, ya que, según sus propias palabras, se desmarca de la organización directa del paro nacional de dos días, aunque respalda sus objetivos.
En respuesta a RCN radio en su cuenta de X afirmó:
«Nosotros estamos esperando, no hemos suspendido la consulta. La consulta va», concluyó el presidente, asegurando que si el Senado no se pronuncia antes del 1 de junio, el Gobierno procederá a convocar la consulta por decreto.
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