La senadora y precandidata presidencial Paola Holguín, actual vicepresidenta segunda del Senado, envió un mensaje directo a los integrantes de la Fuerza Pública durante su intervención en un foro del Centro Democrático realizado en Cali: “Petro es el Comandante en Jefe, pero ustedes no están obligados a cumplir una orden que va contra la Constitución y la Ley”.
Sus declaraciones se dieron como respuesta a los recientes llamados del presidente Gustavo Petro a la movilización social, incluidos paros y huelgas. Holguín insistió en que tales iniciativas, que según ella derivan en actos de violencia y vandalismo, no deben contar con el respaldo automático de las instituciones militares y policiales. La senadora Holguín es también oficial de la reserva del Ejército y por ello habla con propiedad del tema.
En su intervención, también dirigió mensajes a empresarios, medios de comunicación y ciudadanía del Valle del Cauca, afirmando que “el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar el orden público” y que la fuerza legítima debe actuar “sí o sí” frente a hechos que afecten la seguridad y el orden institucional.
Propuestas para enfrentar estructuras criminales
Holguín expuso su visión sobre la paz y la seguridad, las cuales, según ella, deben ir de la mano. Propuso que los procesos de sometimiento de grupos armados no incluyan beneficios políticos. Reiteró que estructuras como las disidencias de las FARC o el ELN deben ser tratadas como organizaciones criminales y narcotraficantes, no como actores políticos.
Planteó revisar la Ley de Justicia y Paz y volver a promover un proyecto de ley de sometimiento a la justicia, similar al presentado en 2017, con foco en las víctimas. Esta estrategia, subrayó, debe aplicarse a las más de 190 estructuras criminales que operan en el país.
Críticas a la JEP y propuesta de reforma
La senadora también se refirió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que calificó como carente de legitimidad y legalidad por su origen en el proceso de La Habana, rechazado en el plebiscito de 2016. Criticó sus costos y la falta de sentencias firmes, y propuso una sala especial para miembros de la Fuerza Pública que garantice un juicio imparcial.
