viernes, octubre 31, 2025
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Paloma Valencia presentó queja disciplinaria contra funcionaria de la Agencia Nacional de Tierras por presunta presión a contratistas para votar en consulta del Pacto Histórico

La senadora Paloma Valencia Laserna radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación en contra de Lilia María Rodríguez, subdirectora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y otros funcionarios por determinar, por presuntamente haber presionado a contratistas y empleados de la entidad para participar en la consulta interna del Pacto Histórico.

En el documento oficial, dirigido al procurador Gregorio Eljach, la congresista sostiene que la funcionaria habría “constriñido a funcionarios y contratistas de la entidad para que votaran en la consulta del Pacto Histórico, realizada el 26 de octubre de 2025”.

De acuerdo con la queja, el hecho habría ocurrido el pasado 26 de octubre, a las 8:42 de la mañana, cuando “la Subdirectora de la ANT, Lilia María Rodríguez, habría dado la instrucción a los funcionarios y contratistas que estaban en el grupo de WhatsApp ‘SATZE-TEMAS ADMINISTRATIVOS’ para votar en la consulta del Pacto Histórico a cambio de una contraprestación”.

La senadora Valencia también hizo público el caso a través de sus redes sociales, donde escribió:

“Radiqué queja disciplinaria contra Lilia María Rodríguez, Subdirectora de la Agencia Nacional de Tierras, y otros directivos por determinar, por presuntamente presionar a los funcionarios y contratistas de la entidad para que votaran en la consulta del Pacto Histórico».

Adicionalmente, Valencia agregó que: «Directivos de la ANT habrían solicitado tomar foto al puesto de votación para acceder a un día compensatorio, lo cual es abiertamente ilegal. Solicito que la @PGN_COL actúe de inmediato e investigue lo que está ocurriendo en la ANT. Los funcionarios honestos de esa entidad —que son muchos— no tienen por qué vivir amedrentados ni perseguidos por las órdenes que reciben.”

Hasta el momento, ni la Agencia Nacional de Tierras ni la funcionaria señalada se han pronunciado oficialmente sobre la denuncia.

La Procuraduría General deberá determinar si existen méritos para abrir una investigación disciplinaria formal contra los funcionarios mencionados.

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