La senadora Paloma Valencia presentó ante la Corte Constitucional un memorial en el que solicita declarar inexequible la Ley 2381 de 2024, que contiene la reforma pensional, argumentando que la Cámara de Representantes incumplió de forma manifiesta la orden judicial de subsanar un vicio de procedimiento.
En el documento, dirigido al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, ponente del expediente 15.989, Valencia asegura que la plenaria de la Cámara no cumplió con las condiciones fijadas por la Corte en el Auto 841 de 2025, el cual devolvió la ley para que se reabriera un debate robusto y plural sobre el articulado, incluyendo la discusión y votación de las proposiciones presentadas por los congresistas.
Según la senadora, el 28 de junio de 2025 la plenaria únicamente aprobó la proposición de acoger el texto del Senado y negó la reapertura de la discusión, dejando sin trámite más de 700 proposiciones radicadas en 2024 y otras 61 presentadas en sesiones extraordinarias. Esto, pese a que la Corte advirtió que la simple aprobación de una proposición sustitutiva no podía reemplazar la deliberación del articulado ni el análisis de modificaciones, adiciones o supresiones.
Valencia responsabiliza al Gobierno Nacional y a las mayorías de la Cámara de actuar con “afán desmedido” para cerrar el trámite antes de conocer el contenido completo del Auto 841, sustituyendo la providencia judicial por un comunicado de prensa y la notificación de la parte resolutiva. “No es posible que una autoridad pública cumpla una orden judicial que no existe”, afirmó, recordando que el texto oficial fue publicado solo el 14 de agosto.
El memorial también advierte un posible incumplimiento en la convocatoria a sesiones extraordinarias. Según Valencia, un error de transcripción en un auto de la Corte llevó a que la Presidencia omitiera certificar la fecha y hora de publicación del decreto respectivo, requisito que, de no haberse cumplido antes del inicio de las sesiones, podría agravar la irregularidad del trámite.
La senadora pide a la Corte requerir a la Imprenta Nacional la certificación de la fecha exacta de publicación del Diario Oficial 53.163 para confirmar si el decreto de convocatoria se divulgó después del inicio de las sesiones.
Valencia concluye que, ante el incumplimiento de las órdenes judiciales y la omisión de un debate plural e informado, la Corte debe declarar que el vicio no fue subsanado y que, en consecuencia, la Ley 2381 de 2024 es inexequible.
