En el Congreso de la República se llevó a cabo un debate de control político convocado por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, enfocado en el caso de alias “Calarcá” y en las posibles conexiones del detenido con sectores del gobierno. A la sesión fueron citados el ministro de Defensa, delegados del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y otras autoridades competentes, con el fin de presentar explicaciones sobre los elementos revelados en la investigación.
Durante su intervención, Valencia expuso información que, según indicó, requiere ser esclarecida por las instituciones del Estado. La senadora hizo referencia a lo que denominó patrones que deben ser revisados, entre ellos el denominado pacto de La Picota y denuncias relacionadas con la financiación de la precampaña del Pacto Histórico. También mencionó antecedentes judiciales de familiares de figuras políticas, como los asociados a Piedad Córdoba, así como registros de vínculos con las FARC y con Hugo Chávez documentados en distintos momentos.
Valencia afirmó que, de acuerdo con información que ha recibido, se habrían ofrecido beneficios judiciales a estructuras criminales con el fin de obtener influencia electoral en zonas como Urabá, Magdalena Medio y Norte de Santander. En este contexto, señaló que el proceso de “paz total” habría iniciado con decisiones que, a su juicio, requieren una revisión detallada, al incluir negociaciones más amplias de las conocidas públicamente y no limitadas al ELN.
Otro de los puntos tratados fue el manejo de los elementos incautados a alias “Calarcá”. La senadora cuestionó que los computadores y teléfonos celulares aprehendidos durante el operativo permanecieran 16 meses sin ser revisados, lo que, según planteó, debe ser explicado por la Fiscalía. También mencionó la salida del general que lideró la captura, hecho sobre el cual pidió claridad para evitar interpretaciones que afecten la confianza institucional.
A lo largo del debate, Valencia reiteró que su propósito es que las autoridades competentes esclarezcan los hechos y presenten información verificable sobre cada una de las situaciones expuestas. Subrayó que la transparencia en los procesos judiciales y en las actuaciones del Estado es fundamental para el funcionamiento institucional y para garantizar confianza en las decisiones públicas.
El control político concluyó con el compromiso de continuar recopilando y revisando información, mientras los organismos citados preparan las respuestas formales a las solicitudes planteadas durante la sesión. La senadora señaló que continuará impulsando el seguimiento al caso con el fin de que se definan responsabilidades y se aclaren los procedimientos adoptados por las distintas entidades involucradas.
