La senadora y actual precandidata presidencial, Paloma Valencia, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno Nacional al que acusó de utilizar recursos públicos con fines electorales de cara al 2026. Según Valencia, el Ejecutivo estaría acumulando y moviendo billonarios fondos del presupuesto nacional para financiar a sus candidatos, afectando la inversión social y violando principios fiscales fundamentales.
«El gobierno nacional parece buscar todos los recursos para financiar sus candidatos en el 2026», aseguró la congresista, señalando múltiples estrategias que, a su juicio, responden a este propósito: desde la acumulación de recursos en fiducias, el aumento histórico de la nómina estatal, la liberación de presupuesto a través de la reforma pensional, hasta el uso de fondos de EPS intervenidas, el rompimiento de la regla fiscal y una cuestionada emergencia económica por fiebre amarilla.
Valencia advirtió que mientras se ejecutan estos movimientos, “los recursos destinados para inversión y programas sociales de los colombianos parecen estar congelados”. Citó como respaldo el informe de la Contraloría General, que reveló que el gobierno tiene cerca de 160 billones de pesos en reservas y fiducias, sin una reglamentación clara para su trazabilidad. A eso se suma la existencia de más de 8 billones de pesos sin ejecutar. “¿Qué planea hacer el gobierno con estos recursos?”, cuestionó.
Uno de los puntos más contundentes de su pronunciamiento fue la denuncia del crecimiento desbordado de la burocracia estatal. “Desde el 2022 este gobierno ha creado 31 mil nuevos cargos donde 14 mil corresponden a empleados públicos y 12 mil a docentes. Tan solo en el 2024 se crearon 26.625 nuevos cargos”, afirmó, agregando que 13.559 de ellos fueron de planta. A esto se suma el presupuesto en salarios de funcionarios que, para 2025, alcanzará los 59,9 billones de pesos, lo que representa un aumento real del 14,9 % respecto al año anterior.
También cuestionó el manejo de las finanzas públicas. Valencia acusó al gobierno de romper la regla fiscal al clasificar 27 billones de pesos en 2024 como “transacciones de única vez” para no contarlos dentro del gasto corriente. “La realidad es que la regla se rompió y el déficit estuvo alrededor del -6,8 % del PIB”, señaló.
Otro punto crítico fue el anuncio de un proyecto de decreto que busca aumentar la retención en la fuente a las empresas, una medida que, según Valencia, afectará aún más al ya golpeado sector productivo. “Solo la industria completó este mes dos años consecutivos en terreno negativo. En la práctica, aumentar la retención es un adelanto del pago de impuestos del año 2026 para el 2025 (cerca de 14 billones de pesos según Fedesarrollo)”, explicó.
La senadora también prendió alarmas sobre el impacto de la reforma pensional. Aseguró que Colpensiones no estaría preparada para recibir en junio las cuentas de cerca de seis millones de cotizantes activos, lo que podría generar una grave crisis operativa. Además, recordó que el gobierno ya tiene el control de los recursos de salud de 30 millones de colombianos afiliados a EPS intervenidas. “Hoy la octava empresa más grande del país que está intervenida por el gobierno, NUEVA EPS, no reporta información financiera y se desconoce el gasto de los más de 20 billones de pesos que le gira al año el gobierno”, denunció.
Sobre la consulta popular que ha anunciado el presidente Gustavo Petro, Valencia la calificó como otro intento de usar recursos estatales para sus fines políticos. “Obligará a los colombianos a entregarle cerca de 600 mil millones de pesos al gobierno para llevarla a cabo. Esto nos recuerda al plebiscito del año 2016 donde usaron toda la maquinaria del Estado y la publicidad estatal para convocarlo”, afirmó.
Finalmente, se refirió con preocupación a la emergencia económica por fiebre amarilla decretada esta semana. Según Valencia, la medida carece de base técnica y es utilizada como una excusa más para manejar recursos de forma excepcional. “En la última emergencia económica de este gobierno se robaron los recursos para el agua en la Guajira. Es inaceptable que se decrete una emergencia cuando la crisis inició hace seis meses. No publican los datos de vacunados, ni vacunas disponibles, ni recursos”, concluyó.
