La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, lanzó una grave acusación contra la Nueva EPS, asegurando que la entidad de salud habría manipulado sus informes financieros para ocultar el verdadero estado de sus finanzas.
Valencia, a través de un derecho de petición, obtuvo documentos que revelan una realidad mucho más crítica de lo que inicialmente se informó. La EPS registró presuntamente pérdidas de $4,4 billones en 2023, y no de $411 mil millones, como se había reportado inicialmente por el interventor de ese momento, Aldo Cadena.
Valencia también señaló que los pasivos de la Nueva EPS superan los $12 billones en 2024, una cifra que excede lo que la entidad informó en sus reportes oficiales.
Este desfase en las cifras, que muestra una diferencia de $4 billones, representa un aumento de más del 350% en las pérdidas comparado con el año anterior, lo que genera serias dudas sobre la transparencia en la administración de la EPS.
Dudas sobre los informes financieros y la falta de certificación fiscal
Uno de los puntos más alarmantes en la denuncia de la senadora es que los estados financieros entregados carecen de firmas y certificación de revisión fiscal, lo cual despierta sospechas sobre la veracidad y transparencia de los documentos.
Según Valencia, Deloitte, la firma auditora previa, notificó que no recibió la documentación necesaria para realizar la auditoría de la EPS, y actualmente la responsabilidad recae en una contralora delegada, quien tampoco ha entregado un informe financiero final para 2023 ni para 2024.
El balance general de la Nueva EPS, conocido por la Senadora, muestra pasivos totales de $11,7 billones al cierre de 2023, casi el doble de los $6,6 billones que la entidad reportó a la Superintendencia de Salud. Estos desajustes dejan en evidencia, según Valencia, la falta de control y la posible manipulación de las cifras para ocultar el deterioro financiero de la EPS.
En su intervención, la senadora Valencia también arremetió contra la estrategia de giro directo, anunciada por el Gobierno como una solución para las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
La Congresista afirmó que esta medida no se ha ejecutado en su totalidad, ya que la Nueva EPS condiciona el pago del 20% restante de los giros a ajustes en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y a la capitalización por parte de sus socios. Esta situación está afectando gravemente a las IPS, las cuales dependen de estos pagos para su funcionamiento.
Ante la negativa de la Nueva EPS de entregar toda la información solicitada, la senadora Valencia decidió informar a un juez del caso, buscando que se respete su derecho de petición.
La Congresista expresó su preocupación por la falta de transparencia en la entidad y advirtió que es necesario esclarecer el estado real de las finanzas de la Nueva EPS para proteger a los afiliados y a las IPS que dependen de su funcionamiento.
