La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia cuestionó este martes una operación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que, según afirmó, habría adquirido 221 predios a la Unidad para las Víctimas por un valor de $229.256 millones, pese a no contar presuntamente con la autorización legal correspondiente.
Valencia aseguró que la entidad “le compró 221 predios a la Unidad de Víctimas por $229.256 millones presuntamente sin tener autorización legal”. De acuerdo con su pronunciamiento, la ANT habría desacatado un fallo de la Corte Constitucional que regulaba el proceso, y ahora el Gobierno buscaría corregir la situación mediante una norma expedida a última hora.
Afirmó que “la ANT habría desacatado un fallo de la Corte Constitucional y el Gobierno ahora quiere correr y enmendar el error con un Decreto de última hora”.
La senadora también llamó la atención sobre el origen de los predios involucrados en la operación, asegurando que varios habían pertenecido a antiguos jefes paramilitares designados por el actual Gobierno como gestores de paz. “Estos predios eran de predominantes jefes paramilitares, varios de los cuales fueron designados gestores de paz por el Gobierno Petro. ¿Qué hay detrás de esta extraña operación?”, cuestionó.
En su declaración, Valencia reiteró sus dudas sobre la legalidad y los riesgos que, en su concepto, asumiría el Ejecutivo: “¿Por qué el Gobierno asume un riesgo jurídico y fiscal tan grande al comprar unos predios sin tener sustento legal y en claro desacato de la Corte Constitucional? ¿Y por qué tratan de salvar esa transacción a las patadas con un Decreto que claramente el Consejo de Estado va a tumbar?”.
La congresista agregó que “buena parte de estos predios que compró la ANT eran de jefes paramilitares que el Gobierno Petro designó como gestores de paz en septiembre de 2025”, por lo que pidió esclarecer el trasfondo de la operación.
Valencia también relacionó este caso con los hallazgos que la Contraloría ha reportado sobre la ANT en distintas auditorías. Según señaló, “estas presuntas irregularidades se suman a los alarmantes hallazgos que ha encontrado la Contraloría en la ANT”, entre los que mencionó:
- Compra de predios que habrían estado invadidos, lo que impediría legalmente su adquisición.
- Irregularidades en las OPS del 2024, incluyendo falta de publicación de contratos en el Secop, falencias en informes de supervisión, demoras en pagos y obligaciones no soportadas.
- Problemas en la gestión de baldíos, como inconsistencias en el inventario del Fondo de Tierras, pagos sin actualización catastral, demoras en adjudicaciones que facilitarían invasiones, presuntos sobrecostos y errores en el registro de uso del suelo.
La senadora afirmó que actualmente existen más de 20 investigaciones en curso en el ente de control relacionadas con presuntas irregularidades en la institución.
Finalmente, Valencia solicitó que la Contraloría General revise a fondo la operación: “Solicito que la Contraloría le ponga la lupa a esta ‘exótica’ operación que compromete más de $229.256 millones en presuntas compras ilegales”.
