La Corte Constitucional decidió suspender la declaratoria de emergencia económica expedida por el Gobierno Nacional, luego de acoger la solicitud presentada por la candidata Paloma Valencia, quien desde el inicio advirtió sobre la inconstitucionalidad de la medida.
Con esta decisión, la Corte reafirma que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no puede desconocer la Constitución, pasar por encima del Congreso de la República ni imponer impuestos por decreto. Según el fallo, la emergencia económica decretada carecía de sustento jurídico, pues no existía un hecho grave, sobreviniente e imprevisible que la justificara, tal como lo exige la Constitución.
La Corte señaló que la crisis fiscal que enfrenta el país no constituye un fenómeno inesperado, sino un problema estructural. Según el pronunciamiento, este problema no puede ser utilizado como excusa para concentrar poderes extraordinarios ni para afectar los recursos económicos de los ciudadanos.
Sobre la decisión, Paloma Valencia afirmó: “Celebramos la decisión de la Corte Constitucional de suspender ese decreto ilegal que imponía impuestos a los colombianos. Es evidente que cuando el Congreso de la República le rechaza una reforma tributaria, el presidente no tiene facultades para expedirla por decreto. Menos aún si no existe un hecho imprevisto que hubiera justificado la metida a los bolsillos de los colombianos como lo pretendía el presidente. La Corte Constitucional nuevamente honra la Constitución de Colombia y le pone límites a un presidente que insiste en desconocerla.”
La medida tomada por la Corte se da en medio del debate sobre los límites de las facultades presidenciales y la aplicación de decretos que impactan directamente los ingresos de los colombianos. La suspensión provisional de la emergencia económica garantiza que no se implementen cambios tributarios mientras se revisa la constitucionalidad de la declaratoria.
Con esta decisión, la Corte Constitucional establece un precedente sobre la aplicación de emergencias económicas y el alcance del poder del Ejecutivo, subrayando la necesidad de cumplir con los procedimientos establecidos por la Constitución y el Congreso de la República antes de modificar la política tributaria o fiscal del país.
