La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, manifestó su inconformidad frente a la forma en que el presidente Gustavo Petro acató la orden judicial que le exigía rectificarse por haberle atribuido falsamente complicidad en la muerte de más de seis mil jóvenes en los llamados falsos positivos. La rectificación fue ordenada por el Juzgado 46 Administrativo Oral de Bogotá, luego de que Valencia demostrara que la afirmación del mandatario afectaba su honra y su buen nombre al basarse en información falsa.
El mensaje publicado por Petro en su cuenta de X provocó una nueva controversia. Aunque el presidente aseguró estar cumpliendo con la sentencia, el contenido del texto no solo reitera críticas hacia Valencia, sino que intenta justificar su acusación original bajo la figura de una supuesta “responsabilidad política”, lo que para la senadora constituye una reincidencia en la misma conducta que motivó el fallo judicial.
Valencia reaccionó con firmeza en redes sociales, afirmando que Petro desobedeció la orden y que su mensaje no puede considerarse una rectificación. Señaló que nunca fue cómplice de crimen alguno y que el presidente vuelve a incurrir en calumnias bajo el pretexto de un desacuerdo político. La senadora anunció que presentará una acción por desacato, al considerar que el mandatario incumplió la decisión judicial al mezclar la aclaración exigida por la tutela con nuevos señalamientos en su contra.
El texto difundido por Petro contiene interpretaciones sobre la actuación de Valencia durante el periodo en el que ocurrieron los hechos investigados por la JEP y plantea diferencias entre complicidad penal y responsabilidad política. Sin embargo, el mensaje insiste en cuestionar su postura frente a los falsos positivos, lo que, de acuerdo con expertos consultados por IFMNOTICIAS, contradice la naturaleza de una rectificación, que exige claridad, precisión y ausencia de elementos que tergiversen o minimicen lo ordenado por el juez.
La controversia abre un nuevo capítulo en la confrontación entre el Gobierno y la oposición, especialmente con el Centro Democrático, que considera que el presidente pretende reinterpretar de manera arbitraria las decisiones judiciales.
Será ahora la justicia la que determine si Petro cumplió con la sentencia o si, como sostiene la senadora, incurrió en desacato al incorporar nuevas imputaciones en un mensaje que debía limitarse a corregir su afirmación inicial.
