Un grupo de países de América Latina y el Caribe emitió un comunicado conjunto en el que expresó su preocupación por la situación política en Honduras, tras el decreto sancionado por la presidenta Xiomara Castro que ordena un recuento general de los votos. Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana manifestaron su rechazo a esta decisión, al considerar que desconoce la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y afecta la institucionalidad democrática del país centroamericano.
En el documento, los gobiernos firmantes también repudiaron los hechos de violencia registrados el pasado jueves contra miembros de la oposición, así como cualquier acto de violencia política que busque alterar el resultado expresado por los ciudadanos en las urnas. A juicio de estos Estados, este tipo de acciones vulnera los principios democráticos y pone en riesgo la estabilidad institucional de Honduras.
El pronunciamiento reafirma, además, el reconocimiento a la proclamación oficial emitida por el órgano electoral competente, que declaró a Nasry Asfura presidente electo de la República de Honduras, tras los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre. Según el comunicado, las elecciones fueron validadas por misiones de observación internacional, las cuales confirmaron que el proceso reflejó la voluntad libremente expresada por millones de hondureños.
Los países firmantes hicieron un llamado a todas las fuerzas políticas de Honduras para que respeten el orden democrático, garanticen una transición pacífica del poder y privilegien el diálogo como mecanismo para resolver las diferencias. Asimismo, expresaron su confianza en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de la libertad y la democracia en este momento decisivo.
A este respaldo internacional se sumó Estados Unidos, que también expresó su rechazo a cualquier intento de revertir los resultados electorales. En un comunicado oficial, la Embajada estadounidense en Tegucigalpa señaló que “las voces de 3,8 millones de hondureños han hablado” y que el Consejo Nacional Electoral ya certificó los resultados. La sede diplomática advirtió que cualquier intento de anular de manera ilegal las elecciones tendrá consecuencias graves y reiteró que la violencia política no tiene cabida en un proceso democrático.
De manera similar, el Departamento de Estado de EE. UU. subrayó que los hondureños merecen una transición pacífica del poder y expresó su disposición a trabajar con el presidente electo Nasry Juan Asfura Zablah para avanzar en objetivos comunes.
En medio de este escenario, el presidente electo extendió invitaciones oficiales para su ceremonia de posesión, programada para el próximo 27 de enero. El proceso se desarrolla bajo la atención de la comunidad internacional, ante las preocupaciones manifestadas por sectores políticos sobre una eventual negativa del actual Gobierno a entregar el poder.
