El Pacto Histórico anunció que ya iniciaron las tareas para presentar una demanda ante instancias internacionales, luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera la conformación de un equipo jurídico para defender sus derechos políticos. Este pronunciamiento se da en medio de la controversia por la negativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de conceder las medidas provisionales solicitadas por la defensa del mandatario para frenar la investigación del Consejo Nacional Electoral sobre la presunta financiación irregular de su campaña en 2022.
El presidente Petro destacó la necesidad de un equipo legal para abordar lo que considera una «violación de derechos políticos», asegurando que la situación constituye un irrespeto al voto popular y una contravención de la Convención Americana de Derechos Humanos. «Se ha irrespetado el voto popular contraviniendo la convención americana de derechos humanos. Contrario a la sentencia del magistrado Arenas, votado por la mayoría de la sala plena del Consejo de Estado que, con valentía, defendió el derecho convencional y los derechos políticos como derechos humanos fundamentales, algunos magistrados del nuevo Consejo de Estado, no solo violan mi fuero constitucional sino el de mi movimiento político», afirmó Petro.
Ante esta solicitud del mandatario, el representante Alejandro Toro hizo un llamado a la comunidad legal de Colombia para que se unieran en la formación de un equipo jurídico con el fin de «hacerle frente al lawfare y la guerra jurídica». Toro subrayó la importancia de defender al presidente Petro «desde los argumentos, desde la milenaria jurisprudencia», y aseguró: «¡El Presidente no está solo!»
El anuncio se produce en un contexto de tensiones políticas, luego de que la Corte IDH rechazara la solicitud de medidas provisionales que buscaban detener la investigación del CNE. El tribunal afirmó que la solicitud no tenía relación con el objeto del caso ni con las garantías de no repetición de adecuación normativa ordenadas previamente, calificando la solicitud como improcedente.
Por su parte, la defensa del presidente Petro insiste en que existe una atribución irregular de facultades al CNE para investigar al mandatario, lo que consideran una violación de las garantías constitucionales y convencionales del fuero integral que protege la dignidad del cargo presidencial.
