La organización Pacientes Colombia presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por la posible comisión del delito de fraude a resolución judicial (artículo 454 del Código Penal) y otras conductas punibles que se determinen en el curso de la investigación.
Según el documento, fechado en Bogotá en febrero de 2026, la organización —que reúne a 202 asociaciones de pacientes— junto con otras organizaciones y ciudadanos firmantes, decidió acudir al ente acusador por presuntos incumplimientos de órdenes emitidas por la Corte Constitucional en el seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008.
La denuncia sostiene que el ministro habría incumplido de forma “consciente, reiterada y material” varias órdenes del alto tribunal, especialmente en lo relacionado con la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los presupuestos máximos que financian servicios y tecnologías sanitarias no cubiertas por la UPC. De acuerdo con el escrito, estas omisiones y decisiones administrativas “han puesto en riesgo la estabilidad del sistema de salud y la efectiva garantía del derecho fundamental a la salud de millones de usuarios”.
En el documento se señala que, pese a advertencias explícitas de la Corte Constitucional en los autos 2881 de 2023, 2049 de 2024, 007 de 2025, 504 de 2025 y 2049 de 2025, el Ministerio de Salud habría persistido en prácticas contrarias a lo ordenado. Entre ellas, no expedir un acto administrativo que unifique los presupuestos máximos para toda la vigencia anual, realizar pagos tardíos e insuficientes y establecer el valor de la UPC con base en la inflación y no en estudios técnicos completos.
El texto indica que la Corte ha calificado estos comportamientos como incumplimientos generales en materia de suficiencia financiera del sistema. Asimismo, advierte que las mesas técnicas ordenadas por el alto tribunal para revisar la suficiencia de la UPC se habrían utilizado como un mecanismo “meramente formal”, sin deliberación real, con restricciones de acceso a la información, exclusión de actores clave y decisiones ya predeterminadas por el Ministerio.
Organizaciones de pacientes, gremios y otros actores del sistema, según la denuncia, han manifestado públicamente que se ignoraron sus aportaciones técnicas y que no se garantizó una participación efectiva. Incluso, se señala que voceros del Ministerio habrían expresado en dichas mesas la decisión de no cumplir plenamente las órdenes judiciales.
En la carta, los denunciantes afirman: “Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país”, y agregan que consideran que la conducta del ministro constituye “un patrón deliberado de elusión de decisiones judiciales vinculantes mediante actos aparentes de cumplimiento, que además son ineficaces”.
Por ello, solicitan a la Fiscalía que adelante la investigación correspondiente para establecer la eventual responsabilidad penal individual del ministro en los hechos expuestos. El proceso queda ahora en manos del ente investigador, que deberá determinar si hay mérito para avanzar en las actuaciones judiciales.
