La reforma a la justicia, que la próxima semana comenzará su discusión en primer debate en la Comisión Primera del Senado, ya ha generado fuertes debates y divisiones.
Luego de que se eliminara un polémico artículo que pretendía permitir rebajas de penas para violadores y asesinos de niños, una nueva controversia surge en torno a la posibilidad de que los condenados puedan optar por una reducción de penas a través de una indemnización económica, lo que algunos sectores han calificado como una especie de “fianza” para evitar condenas.
El núcleo de esta iniciativa radica en el concepto de “reparación integral” a las víctimas, donde ciertos delitos podrían ser sancionados no solo con penas privativas de la libertad, sino también mediante una compensación económica por parte del victimario.
Según el senador Carlos Motoa, uno de los ponentes del proyecto, esta medida está pensada para casos como delitos patrimoniales y lesiones personales culposas, donde “el sujeto pasivo del delito”, es decir, la víctima, podría aceptar el desistimiento del proceso a cambio de una indemnización adecuada, determinada por un perito.
Motoa defendió la propuesta señalando que la medida de indemnización busca beneficiar a las víctimas y descongestionar el sistema judicial.
Sin embargo, aclaró que la iniciativa incluye un “blindaje” para evitar que los reincidentes se beneficien de esta figura. “Si el delincuente vuelve a cometer un delito en los últimos cinco años, no se permitirá esa indemnización o esa reparación integral. En esos casos, la única opción es la pena privativa de la libertad”, explicó.
Por su parte, el senador Ariel Ávila agregó que esta opción solo aplicaría para delitos patrimoniales y ciertos casos de delitos culposos, como el homicidio culposo, pero no para aquellos premeditados.
Ávila recalcó que la reparación integral únicamente se aplicaría si se llega a un acuerdo entre la víctima y el victimario, y si un juez, junto con un perito, aprueba el monto de la indemnización. Además, enfatizó que en caso de reincidencia dentro de los últimos cinco años, el beneficio no se aplicará, y el proceso judicial seguirá su curso normal.
Los críticos sostienen que la medida podría abrir la puerta a abusos, permitiendo que personas con capacidad económica puedan eludir penas mediante el pago de indemnizaciones, lo que pondría en entredicho la justicia en el país y podría enviar un mensaje de impunidad.
Argumentan que, si bien el propósito de descongestionar los tribunales es legítimo, la medida corre el riesgo de convertirse en una solución que priorice los intereses de los victimarios sobre los derechos de las víctimas.
La discusión de fondo sigue abierta en cuanto a si una indemnización económica puede ser suficiente para reparar el daño en ciertos delitos, o es este un mecanismo que podría comprometer los principios de justicia e igualdad ante la ley.
