Más de 100 organizaciones civiles y de derechos humanos, entre ellas varias colombianas, enviaron una carta al Congreso de Estados Unidos solicitando que se detengan los bombardeos y operaciones militares recientes en el Mar Caribe.
Según el documento, estos ataques “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales” y carecen de sustento en la legislación estadounidense o internacional.
La misiva, firmada por 108 organizaciones y dirigida al Comité de Servicios Armados del Senado y al de la Cámara de Representantes, pide una investigación formal sobre las acciones militares ocurridas entre septiembre y octubre de 2025, en las que resultaron destruidas embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas.
También se solicita revisar el despliegue de personal militar y de la Guardia Nacional con fines policiales en comunidades dentro del territorio estadounidense.
Las organizaciones señalan que las operaciones representan una “escalada ilegal y peligrosa” que podría tener repercusiones en el Caribe y América Latina, donde países como Colombia, México y Haití mantienen cooperación militar con Washington. El documento advierte que este tipo de acciones podrían vulnerar derechos humanos y afectar la estabilidad regional.
La carta fue coordinada por la Drug Policy Alliance y contó con el respaldo de la Washington Office on Latin America (WOLA), entidad que ha liderado investigaciones sobre políticas de drogas y derechos humanos en el hemisferio. Entre los firmantes se encuentran también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, el Latin America Working Group Education Fund (LAWGEF) de Estados Unidos, y el International Drug Policy Consortium (IDPC) con sede en Reino Unido.
Colombia también tuvo presencia entre los firmantes a través de organizaciones como Acción Técnica Social, Dejusticia, y Elementa Derechos Humanos, que expresaron su preocupación por los posibles efectos de estos ataques en las rutas marítimas del Caribe y el Pacífico colombiano.
En el texto, las organizaciones acusan al expresidente Donald Trump de haber autorizado las operaciones militares como parte de una estrategia antidrogas que, según afirman, intensifica una política “fallida” y extiende el uso de la fuerza militar sin supervisión legislativa.
“Instamos a ejercer una supervisión congresional rigurosa, a actuar para prevenir nuevos ataques, a garantizar la rendición de cuentas y a establecer límites legales y financieros claros a la autoridad del Ejecutivo”, señala el documento dirigido a los congresistas.
Los firmantes solicitan que se detengan futuras operaciones, se realicen investigaciones independientes y se determinen responsabilidades legales por los ataques ejecutados en aguas del Caribe. Además, piden al Congreso de Estados Unidos reforzar los mecanismos de control sobre las decisiones militares en el extranjero, especialmente aquellas que puedan impactar directamente a países latinoamericanos.
Con esta petición, las organizaciones buscan que el Congreso estadounidense adopte medidas que garanticen la transparencia, la legalidad y la protección de los derechos humanos en las operaciones internacionales vinculadas a la lucha contra el narcotráfico.
