En un hecho sin precedentes, varios organismos de control de Colombia emitieron un pronunciamiento conjunto rechazando la orden de captura emitida en Guatemala contra la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón. La medida judicial ha sido considerada por las autoridades colombianas como «inaceptable para la sociedad colombiana y para los órganos de control que presidimos».
El comunicado fue firmado por la Auditora General de la República, María Anayme Barón Durán; la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz; el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra; y el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo.
La orden de captura fue emitida por la Sala Tercera de Apelaciones de lo Penal de Guatemala y estaría relacionada con la labor de Camargo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entre 2014 y 2017. Según los firmantes, esta decisión podría interpretarse como un acto de retaliación judicial: «Esta medida judicial puede ser una retaliación por su lucha contra la corrupción y podría constituir una grave desviación de los principios del derecho internacional.»
El pronunciamiento subraya que la fiscal Luz Adriana Camargo es ampliamente reconocida por su “integridad, transparencia y honestidad”, cualidades que la llevaron a desempeñar un papel clave en el combate a la corrupción en Guatemala.
Asimismo, las entidades de control recordaron que tanto la fiscal como el excomisionado Iván Velásquez —actual embajador de Colombia ante la Santa Sede— gozan de inmunidad diplomática debido a su participación en la CICIG, según acuerdos internacionales vigentes.
Finalmente, los firmantes reafirmaron su respaldo institucional: «Reafirmamos nuestro compromiso con la justicia, la legalidad y la defensa de sus funcionarios que han dedicado su labor a fortalecer el Estado de Derecho tanto en Colombia como en Latinoamérica.»
