Recientemente, se conoció que el Juzgado 15 del Circuito Penal de Bogotá ordenó la captura de Emilio José Tapia Aldana. Tras haberse beneficiado de una medida de excarcelación, se determinó que debe regresar a prisión. Tapia fue condenado por su participación en el «Carrusel de la Contratación en Bogotá» y ahora enfrenta un proceso por su presunta implicación en el escándalo de los Centros Poblados, ocurrido durante el gobierno del expresidente Iván Duque, cuando el Ministerio de las TIC abrió una licitación por 1 billón de pesos para llevar internet a las escuelas rurales.
En ese marco, se afirmó que Tapia, junto con otros empresarios, conformó la Unión Temporal Centros Poblados, obtuvo la adjudicación sin cumplir las condiciones bancarias exigidas y presentó pólizas falsas, destinando esos recursos a compras de carácter personal ajenas al objeto del contrato.
En diciembre del año pasado, Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión. Llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el que aceptó su responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y fraude procesal; se recuerda que en ese contrato se habrían perdido alrededor de 70 mil millones de pesos.
En abril, y en medio del proceso por este escándalo de corrupción, se le concedió la libertad condicional en el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Atlántico. En IFMNOTICIAS informamos el 11 de abril de 2025 que Tapia adquirió ese beneficio, pues, según el fallo, cumplía los requisitos legales: había cumplido más de tres quintas partes de la condena y mostró buena conducta, participando en actividades de estudio y trabajo dentro del penal.
En ese momento, el juzgado consideró que tales factores eran avances en su resocialización y suficientes para la libertad anticipada. No obstante, como se indicó al inicio, recientemente se revocó la excarcelación. El documento que informó la decisión ordenó la captura inmediata de Tapia “en el establecimiento penitenciario que disponga para tal fin el INPEC”.
También publicamos que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió una investigación formal contra la juez Claribel Fernández por conceder la libertad condicional a Tapia. Además, la Procuraduría General apeló la decisión, alegando incumplimiento de los requisitos legales y señalando posibles irregularidades, incluidas demoras en la resolución de la apelación. Dicha investigación busca determinar si la juez incurrió en faltas disciplinarias en un caso que sigue generando polémica por el desfalco de miles de millones.
Respecto a la orden de captura dictada por el Juzgado 15 del Circuito Penal de Bogotá, el mismo documento indica que “una vez se produzca la aprehensión, el sentenciado deberá ser puesto a disposición del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Barranquilla”.
Entre las reacciones, la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila celebró la medida y señaló que, de llegar a la Presidencia, enfrentará la corrupción de forma frontal: “Como presidenta de Colombia enfrentaré a los corruptos: que paguen sus penas completas, que no tengan rebajas y que les quitemos todo el dinero, igual que a los narcos. Y que vayan a cárceles normales”, escribió en su cuenta de X.
