El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, anunció este martes que no convocará la consulta popular propuesta por el Gobierno hasta tanto no haya un pronunciamiento de las altas cortes. La determinación generó múltiples reacciones entre diversos sectores del panorama político nacional.
Tras la rueda de prensa, en la cual Penagos indicó que se solicitará a la Sala de Consulta del Consejo de Estado un concepto jurídico para definir el curso del proceso, el anuncio generó respaldo entre miembros de la oposición.
Desde el Centro Democrático, el representante Hernán Cadavid también cuestionó el proceso impulsado por el Ejecutivo. Según señaló, el Senado ya había emitido un concepto negativo frente a la consulta, lo que a su juicio imposibilita que el registrador continúe el trámite. “Lo que está haciendo Petro, pidiéndole al registrador que actúe mediante decreto, es una vulneración de la Constitución”, dijo.
La representante Juana Carolina Londoño, del Partido Conservador, calificó la decisión como un acto de “cautela institucional” y resaltó la importancia de esperar un concepto jurídico teniendo en cuenta los recursos interpuestos contra el proceso. Entre ellos, figuran más de diez acciones de nulidad, cerca de cien tutelas y once demandas ante la Corte Constitucional.
Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, sostuvo que el registrador optó por dar paso a las decisiones judiciales antes que aplicar directamente la tesis defendida por el Gobierno. “El registrador es prudente: pudiendo aplicar la cuestionable tesis de Petro-Montealegre, prefiere actuar en coherencia con lo que le digan las Altas Cortes”, expresó.
Julio César Triana, representante a la Cámara por el Partido Liberal, aseguró que la posición del registrador está alineada con los principios constitucionales y la separación de poderes. A través de su cuenta de X, afirmó que “el mensaje es claro: no se puede acudir a una consulta popular para pasar por encima del Congreso”.
En contraste, el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó su inconformidad con la decisión. Según el jefe de la cartera, Penagos no estaría acatando el decreto emitido por el Gobierno para convocar la consulta. Afirmó que la función del registrador es logística, no deliberativa: “No tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que ya hizo el Gobierno”.
Benedetti subrayó que no corresponde al registrador cuestionar el decreto ni solicitar conceptos adicionales sobre su validez. “Creo que se está equivocando gravemente en eso”, añadió. Asimismo, enfatizó que la propuesta de consulta forma parte de la agenda legislativa del Ejecutivo. “Queremos una reforma laboral, es un proyecto del Gobierno. Nadie puede decir que estamos en contra de nuestro propio proyecto”, concluyó.
