A pocos días de que el presidente Gustavo Petro radique personalmente ante el Senado una propuesta de consulta popular, sectores de la oposición iniciaron una campaña para impedir que el mecanismo sea aprobado por el Congreso.
La consulta, que será presentada el próximo 1.º de mayo, surge como alternativa tras el archivo del proyecto de reforma laboral en la legislatura anterior.
El Gobierno anunció que el Senado tendrá un plazo máximo de 30 días para pronunciarse sobre la viabilidad de la consulta. Mientras tanto, voceros del partido Centro Democrático, entre ellos el senador Miguel Uribe Turbay y el activista Josías Fiesco, dieron a conocer una estrategia de rechazo que busca persuadir a las bancadas para que no avalen la iniciativa.
Uribe calificó la consulta como un uso inadecuado de los recursos públicos, pues según sus cálculos, el presupuesto destinado para el mecanismo, estimado en 700 mil millones de pesos, equivaldría a la construcción de 2.816 viviendas o a la entrega de 2,6 millones de subsidios al adulto mayor.
Fiesco, por su parte, planteó cuestionamientos sobre las prioridades del Gobierno. Señaló que el monto previsto para la consulta sería el doble del presupuesto nacional asignado a ciencia, tecnología e innovación para 2025 y denunció recortes del 60% en el sector del deporte. También sostuvo que el Ejecutivo estaría más enfocado en el escenario electoral que en la solución de problemas estructurales.
El activista se refirió además a una presunta intención del Gobierno de prolongar su influencia política más allá del actual mandato presidencial. En ese sentido, citó declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, en las que, según él, se habría mencionado la idea de una “mini reelección que empezará el 1.° de mayo”.
La propuesta de consulta contempla doce preguntas relacionadas con condiciones laborales, incluyendo aspectos como la jornada de trabajo, recargos dominicales, eliminación de la tercerización e intermediación laboral, y beneficios pensionales para poblaciones rurales, entre otras.
Benedetti ha asumido un papel activo en la divulgación de la iniciativa, señalando que esta se alinea con los objetivos del programa de reformas sociales del actual Gobierno.
Con el inicio del debate legislativo, se espera que el Congreso concentre su atención en las implicaciones políticas, económicas e institucionales del mecanismo propuesto. En los próximos días, las distintas fuerzas políticas deberán definir si respaldan o rechazan el instrumento de participación ciudadana que el Ejecutivo busca implementar.
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