Una demanda de nulidad fue radicada ante el Consejo de Estado contra la resolución de la Registraduría Nacional que autorizó la inscripción del comité promotor encargado de recolectar firmas para impulsar la convocatoria de una asamblea nacional constituyente.
La acción judicial fue presentada por el dirigente político Josías Fiesco, candidato a la Cámara por Bogotá por el Centro Democrático, quien sostiene que la decisión vulnera normas constitucionales.
El recurso busca dejar sin efectos la resolución 1117, mediante la cual la autoridad electoral habilitó el inicio del proceso de recolección de apoyos ciudadanos. Fiesco afirmó que la Constitución establece procedimientos específicos para convocar una asamblea constituyente y que, en su criterio, debe existir una ley previa expedida por el Congreso.
Según explicó, también solicitó medidas cautelares para suspender cualquier actividad relacionada con la obtención de firmas o recursos mientras el alto tribunal estudia la demanda.
La Registraduría señaló que su actuación se limitó a verificar el cumplimiento de los requisitos formales para la inscripción del comité promotor. La entidad citó el artículo 40 de la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los mecanismos de conformación y control del poder político.
De acuerdo con el expediente administrativo, la solicitud fue presentada el 26 de diciembre de 2025 ante el Grupo de Mecanismos de Participación Ciudadana.
La resolución autoriza al comité a recolectar firmas durante un plazo de seis meses en todo el territorio nacional. El umbral fijado corresponde a más de dos millones de apoyos, equivalentes al 5% del censo electoral.
El grupo promotor está encabezado por Armando Custodio Wouriyu e integrado por Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez, Luis Alfredo Grimaldo Mejía, Javier Eduardo García Felizzola y José Luis Silva Maestre.
Desde el Gobierno nacional se indicó que la expectativa es alcanzar cerca de 10 millones de firmas. Esa proyección superaría ampliamente el mínimo exigido por la autoridad electoral y ha sido objeto de discusión en sectores políticos que cuestionan la viabilidad logística del proceso.
En paralelo, partidos de oposición manifestaron su desacuerdo con la iniciativa constituyente. Voceros de esas colectividades señalaron que la propuesta genera debates sobre el alcance institucional del mecanismo y sobre la forma en que se articularía con el Congreso y la Corte Constitucional. También expresaron reparos frente a la posibilidad de que el Ejecutivo tenga incidencia en la definición del proceso.
El Consejo de Estado deberá evaluar la admisibilidad de la demanda y las solicitudes de suspensión provisional. De aceptarse el trámite, el alto tribunal estudiará la legalidad de la resolución mientras avanza el calendario previsto para la recolección de apoyos ciudadanos en todo el país.
