En Colombia, mientras se habla de avances en bienestar y derechos laborales, una grave problemática crece en silencio: el deterioro masivo de la salud mental de los trabajadores, impulsado principalmente por el acoso sistemático y la persecución empresarial.
Miles de trabajadores que con decencia y valentía exigen respeto por sus derechos laborales son víctimas de retaliaciones que los llevan al borde de enfermedades como la ansiedad, depresión, trastornos adaptativos, y en casos más extremos, ideas suicidas. Sin embargo, a pesar de que muchas de estas situaciones son denunciadas ante el Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales y otros entes de control, el eco que deberían encontrar se diluye en la burocracia, la negligencia o la inacción.
Más grave aún es que, cuando finalmente logran ser diagnosticados como víctimas de acoso laboral o afectaciones emocionales derivadas de su entorno de trabajo, las propias EPS e IPS, que reciben los recursos para su tratamiento integral, fallan en brindar una atención real y suficiente.
Aunque en el papel existe la obligación de acompañar de manera completa al paciente hasta su recuperación, en la práctica, las EPS imponen tiempos de tratamiento fijos, que buscan más cumplir con los contratos y costos preestablecidos que con el verdadero estado clínico del trabajador.
El resultado es que, independientemente de si un trabajador ha logrado superar su crisis o no, el tratamiento suele ser terminado abruptamente, dejando a las personas con heridas emocionales abiertas y sin las herramientas suficientes para reinsertarse de manera saludable a su entorno laboral o personal.
Esta desconexión entre el discurso y la acción, entre el deber ser y la realidad, profundiza aún más el sufrimiento de quienes, tras ser víctimas de la violencia laboral, son además abandonados a su suerte por un sistema que prioriza cifras y contratos sobre seres humanos.
La situación empeora cuando los trabajadores acuden a la justicia laboral en busca de reparación. Hoy, los procesos judiciales son lentos, costosos y, en no pocos casos, desconectados de la verdadera protección de los derechos fundamentales. Muchos fallos favorecen abiertamente a las empresas, amparados en tecnicismos y vacíos legales, desconociendo la realidad social y emocional de los trabajadores vulnerados.
Mientras tanto, grandes empresas, amparadas en su poder económico y sus ejércitos de abogados, continúan perpetrando acoso y prácticas de persecución laboral impunemente. El mensaje que queda sembrado en la conciencia colectiva es devastador: exigir respeto a los derechos laborales puede costar la salud mental, la estabilidad económica y hasta la vida misma.
Colombia necesita con urgencia un cambio de conciencia y de acción.
Los trabajadores no pueden seguir siendo tratados como piezas descartables de un engranaje de producción. La salud mental no puede seguir siendo tratada como un trámite administrativo. Y las autoridades, los jueces, los entes de control, deben dejar de ser espectadores pasivos ante una tragedia silenciosa que ya afecta a millones.
El trabajo digno no solo debe ser un derecho constitucional, sino una garantía real. De lo contrario, como sociedad estaremos condenados a normalizar la injusticia, la enfermedad y el dolor como parte del precio de trabajar.
