Este antiguo y muy sabio refrán rural sentencia las posibilidades de escarmentar y de corregir que tienen la izquierda y sus cómplices cuando son beneficiados con impunidad. Como lo prueban los cada vez mayores niveles de sevicia con que hace daño, este trastornado enemigo lejos de corregir su criminal comportamiento cuando es derrotado, pero no es castigado, lo escala a niveles destructivos superiores cuando vuelve a tener capacidad operativa.
De todos los derechos humanos violados por la izquierda y por sus cómplices, uno que no admite posibilidad de debate cuando cometido es aquel que tiene que ver con esa inalienable posibilidad que deben tener todos los ciudadanos que vivan en un estado de derecho para, en caso de ser requeridos por la JUSTICIA, tener garantías procesales conforme a LEYES vigentes y ante jueces legítimos.
Este derecho humano fundamental se llama el DEBIDO PROCESO. Si algo ha dejado en evidencia la nefasta presencia e influencia de la izquierda en naciones como Guatemala y Colombia, es cuando gracias a la prostitución que de la justicia ya hizo esa ideología ubicada a la siniestra, se persigue y se viola el derecho al DEBIDO PROCESO de todo aquel que se ha interpuesto en su genocida camino y les ha impedido lograr sus delirantes y fratricidas propósitos.
El Artículo 10º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece que “… toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. Está universalmente proclamado que la manera de proteger el derecho al DEBIDO PROCESO es mediante la existencia y vigencia de una estructura institucional y jurídica que procesalmente garantice a todas las personas la posibilidad de tener un juicio justo, así como la posibilidad de ser juzgado por un tribunal independiente. Para vergüenza de Colombia, nada ilustra mejor lo antes manifestado que los macabros antecedentes y el aún impune criminal proceder de tres (3) de sus naturales contra ciudadanos guatemaltecos y colombianos.
Vamos de atrás para adelante en la historia, y de más a menos en la jerarquía criminal de estos colombianos. El día 15 de febrero de 1976, el aún impune GENOCIDA y usurpador de la Presidencia de Colombia Petro Urrego y su pandilla narcoparamilitar de la izquierda colombiana m-19, secuestran (toman como rehén) al inocente, indefenso y desarmado líder sindical afrodescendiente José Raquel Mercado Martínez. Estos criminales hacen público este CRIMEN DE LESA HUMANIDAD anunciando que fue cometido para “poner en prisión” a este humilde sindicalista de raza negra pues sería sometido a un “juicio popular” por unos delitos por ellos inventados, a saber, “traición a la patria, traición a la clase obrera, y por ser enemigo del pueblo”.
Comprometidos con su criminal propósito de amenazar e intimidar a la población civil publicitando sus actos terroristas, Petro Urrego y sus camaradas del m-19 distribuyen un panfleto en el convocaban a la “sociedad civil” a escribir y a comunicar en “muros, vallas, buses, billetes, teatros, calles, estadios, plazas, aeropuertos, en las oficinas de periódicos, en revistas de izquierda, etc…” si consideraban o no al Señor Mercado Martínez culpable de esos delitos por ellos inventados.
El secuestro del Señor Mercado Martínez duró 64 angustiosos y tortuosos días. La noche del 18 de abril de 1976 el aún impune CRIMINAL DE GUERRA Petro Urrego y sus camaradas del m-19 “votaron” que era culpable, y al amanecer lo fusilaron y abandonaron su cadáver semidesnudo en el Parque El Salitre de la capital de Colombia, Bogotá DC. Este rehén cobardemente asesinado estuvo sometido durante 62 días a infames abusos, humillaciones, torturas y pésimas condiciones higiénicas y salubres que intencionalmente imponían Petro Urrego y sus camaradas del m-19, a sus víctimas en las macabras “cárceles del pueblo”, atroces mazmorras que ellos mismos diseñaron exclusivamente para mantener a sus secuestrados en las peores condiciones posibles antes de ejecutarlos… Tremenda vulneración al DEBIDO PROCESO, ¿no? Analicen el comportamiento de estos desviados, de estos delirantes y genocidas “wannabe” militares sin legitimidad alguna: Primero, son legisladores inventando crímenes, luego se transforman en fiscales que imputan cargos, posteriormente se transforman en policía judicial que captura, después se transforman en institución penitenciaria que encarcela, acto seguido se transforman en jueces que enjuician, luego se transforman en jurado que condena, y finalmente se transforman en los verdugos que ejecutan a un indefenso, inocente y desarmado miembro de la población civil… ¡Malditos!
Sigamos ahora con las violaciones que al DEBIDO PROCESO cometieron como miembros de la CICIG, los ahora subalternos del aún impune CRIMINAL DE LESA HUMANIDAD y usurpador de la presidencia de Colombia Petro Urrego: La muy cuestionada y por ustedes investigada ahora Fiscal General de Colombia Luz Adriana Camargo, y el nefasto y también por ustedes investigado ahora Ministro de Defensa Iván Velásquez Gómez. Aunque este engendro intervencionista creado y auspiciado por la ONU debía limitarse a investigar e identificar estructuras supuestamente criminales en Guatemala, y debía ceñirse a colaborar con el Estado haciéndole recomendaciones para lograr vencer a estas estructuras, finalmente resultó usurpando funciones y extralimitándose, incurriendo en flagrantes y aún impunes violaciones al DEBIDO PROCESO y a otros derechos humanos contra cientos de víctimas en Guatemala. ¿Acaso la CICIG fue constituida para abrir investigaciones formales, para imputar cargos, para ordenar capturas, para ejecutar capturas, para adelantar juicios, y para condenar a alguien? Por supuesto que no, pero recuerden que lo de la izquierda siempre es ilícito y paralelo, de ahí que el jefe sea un aún impune narcoparamilitar de la izquierda colombiana denunciado en Guatemala por el aún impune secuestro de su embajador en Colombia, y que sus dos subalternos sean unos aún impunes parajudiciales también en Guatemala, ¿no?
Lo interesante de lo aquí expuesto es que está en manos del aparato de justicia de Guatemala sentar precedente aplicando con todo rigor las LEYES a estos tres (3) sujetos, ahora también responsables de hacer Terrorismo de Estado en Colombia. Gracias a la capacidad de presión e influencia que tuvieron las izquierdistas ONU y su CICIG, quisieron mofarse del aparato de justicia guatemalteco mostrándolo como el peor del mundo… Pues bien, he aquí una oportunidad de oro que tiene este poder público para reivindicarse y hacerse respetar por todo el planeta pidiendo en extradición a estos tres aún impunes CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD, pues no hay fuero que los libre de tener que responder ante ustedes por estos crímenes.
