La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, más conocida por la sigla USAID, se fundó en 1961 por el gobierno del presidente John F Kennedy y tuvo gran reconocimiento por su papel en la promoción de la estabilidad global, en la asistencia humanitaria y el apoyo en defensa de la democracia. Al día de hoy está envuelta en una tormenta que amenaza su continuidad. Han sido puestas en tela de juicio su integridad y su eficacia.
La administración del presidente Donald Trump, con el apoyo del empresario Elon Musk, ha tomado medidas drásticas contra USAID alegando irregularidades financieras y una desviación de su propósito original.
El equipo de reducción criticó severamente este y otros programas federales al encontrar que constituyen un desperdicio de los recursos o no están alineados con su agenda conservadora.
Entre las acusaciones formuladas se encuentra la financiación de proyectos controvertidos como, por ejemplo, el laboratorio de Wuhan que recibió un millón de dólares. También iniciativas culturales y de educación en países extranjeros que no benefician los intereses estadounidenses.
Se dijo que nueve millones de dólares fueron a parar a manos de terroristas. En época presidencial de Obama se conoció el uso de recursos de dicha organización en Ucrania que incidieron en el golpe de Estado en febrero de 2014.
Es innegable que cualquier institución que maneje fondos públicos debe ser objeto de una supervisión rigurosa para garantizar la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos. Las acusaciones de mala gestión y corrupción deben ser investigadas a fondo y, de ser ciertas, los responsables deben no sólo rendir cuentas sino responder por sus actos, incluso si son delitos, con la privación de la libertad.
Esa delicada tarea le ha sido encomendada al diplomático Richard Grenell quien comenzará investigando a Samantha Power, directora de la agencia, por dar apoyo y financiación a activistas de extrema izquierda. En Guatemala, el presidente Alejandro Giamattei, defendió la integridad de su país y amenazó con expulsar a los funcionarios Caviar de USAID que defendían a una organización indigenista por sobre el estado guatemalteco. También serán revisadas las contribuciones de USAID a diversas ONG en Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Nicaragua y otros países.
Todas estas denuncias han llevado al cierre temporal de las oficinas de USAID en Washington y a la suspensión de numerosos programas de ayuda internacional. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha asumido interinamente la dirección de la agencia, indicando una posible reestructuración o absorción de sus funciones por parte del Departamento de Estado.
La suspensión de esa ayuda ha dejado en evidencia que esa asistencia constituye un ingreso importante para Colombia, difícilmente sustituible o reemplazable, lo que de suyo pone de manifiesto que la actitud asumida por Petro respecto al nuevo gobernante de Estados Unidos ningún beneficio traerá al país, por el contrario, puede ser causa de la pérdida de esos aportes.
Cabe recordar que tras la firma del malogrado acuerdo de paz de Santos en el 2016 USAID implementó el programa «Colombia transforma». Se ha dicho, y esto deberá ser constatado, que se llevaron a cabo más de 700 proyectos de infraestructura a pequeña escala en áreas afectadas por el conflicto con el objetivo de fortalecer las relaciones entre el gobierno y las comunidades y también para promover el desarrollo inclusivo.
USAID en este frente ha promovido la inclusión social, económica y política de poblaciones vulnerables, incluyendo comunidades afrocolombianas e indígenas. A través de diversas iniciativas, la agencia trabajó en mejorar las condiciones de vida y brindar oportunidades económicas a estos grupos. También ha colaborado en combatir los proyectos de desminado.
En respuesta a desastres naturales, como el huracán Lola que afectó a San Andrés en 2020, USAID proporcionó asistencia humanitaria inmediata. Además, durante la pandemia de COVID-19, la agencia donó ventiladores y suministros médicos para fortalecer la respuesta sanitaria en Colombia.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha puesto el grito en el cielo por la suspensión de la ayuda de USAID en $15.000 millones de pesos anuales. Ha dicho que esto pone en riesgo las investigaciones contra exintegrantes de las Farc y agentes de la Fuerza pública. Tal argumento resulta muy discutible ya que la JEP tiene un inmenso presupuesto de más de 280.000 millones anuales. Los resultados aún están por verse.
La revisión que se hará arrojará si la JEP ha cumplido con su misión o si esa ayuda solo ha favorecido a los victimarios. Pero, se sabe que el apoyo de USAID a una ópera trans provocó gran malestar cuando se supo en los Estados Unidos.
En cualquier caso es importante reconocer el papel cumplido por USAID durante décadas en el desarrollo, salud, estabilidad de regiones vulnerables de diferentes partes del mundo.
La abrupta suspensión de esa ayuda fue desestimada en el ya famoso Consejo de Ministros de Petro, quien dijo no conocerla. Pero la verdad es que los beneficiarios de sus proyectos se verán muy afectados y también habrá repercusiones negativas para la imagen y la influencia de los Estados Unidos en el mundo.
