La reciente masacre en Rionegro, Antioquia, en la cual al menos siete personas fueron brutalmente asesinadas por un comando armado, pone de relieve una problemática que ha venido agravándose: el desorden público y la inseguridad en diversas regiones de Colombia. Este trágico evento no solo evidencia la creciente violencia, sino también la incapacidad del Estado para imponer la institucionalidad y proteger a sus ciudadanos.
Escalada de Violencia
Según los registros de Indepaz, en lo que va del año se han presentado más de 36 asesinatos colectivos, dejando cerca de un centenar de víctimas. Aunque las autoridades afirman que el número de matanzas ha disminuido en comparación con las 93 registradas en 2023, con casi 300 vidas perdidas, la magnitud de estas masacres no deja de ser alarmante. Esta situación se suma a la escalada violenta y terrorista en el suroccidente del país, donde disidencias de las Farc, guerrillas del Eln, y bandas criminales como ‘El clan del Golfo’ y ‘El tren de Aragua’ operan con casi total impunidad.
Impacto en la Sociedad
Los asesinatos de líderes sociales y desmovilizados, el aumento de desplazamientos forzados, el auge de narcocultivos y minería ilegal, así como las oleadas de extorsión, forman parte del día a día de millones de colombianos. Esta realidad es el reflejo de una sociedad atrapada en un círculo vicioso de violencia y temor, donde la ciudadanía clama por un cambio que parece no llegar.
La Respuesta del Estado
Pese a las exigencias de gobernadores, alcaldes, gremios, entes de control y diversas instancias políticas, sociales y económicas, los ajustes implementados por el Ejecutivo en su política de seguridad y convivencia no han logrado los resultados esperados. En Antioquia, por ejemplo, el Gobernador ha denunciado repetidamente la presencia de actores ilegales que intentan dominar territorios mediante la violencia. En respuesta, ha solicitado al Gobierno Nacional la suspensión de los acuerdos de cese al fuego con estos grupos y un refuerzo en personal y equipamiento militar y policial.
Casos Específicos de Desprotección
La masacre en Rionegro aún no tiene autores claramente identificados, pero se sabe que fue perpetrada por un grupo fuertemente armado y organizado. Las víctimas, quienes no eran oriundas de la región y trabajaban en la construcción, no habían reportado amenazas, lo que complica aún más la situación. Este evento refleja la complejidad del panorama delincuencial en la zona, donde operan grupos residuales de las Farc y el ‘Clan del Golfo’.
Iniciativas Locales ante la Inacción Estatal
Frente a la ineficacia del Gobierno Nacional, los mandatarios locales se han visto obligados a tomar medidas propias para proteger a sus comunidades. Desde la creación de grupos privados de seguridad hasta la compra de equipos para contrarrestar ataques con drones, las iniciativas locales evidencian un desesperado intento por recuperar el control y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La masacre en Rionegro y la situación general de inseguridad en Colombia subrayan la urgente necesidad de una política de seguridad y paz coherente y efectiva.
El Gobierno Nacional debe asumir su rol como principal garante del orden y la protección de sus ciudadanos, cerrando los vacíos de poder que permiten la proliferación de grupos armados ilegales y actividades delictivas. La población colombiana merece vivir en un país donde la paz y la seguridad no sean solo promesas, sino realidades tangibles.
