La promesa fue clara: si su permanencia llegaba a afectar la estabilidad de Ecopetrol, daría un paso al costado. Hoy, tras más de un año de deterioro sostenido en las cifras, en los indicadores clave y en la confianza institucional de la empresa más emblemática del país, Ricardo Roa Barragán continúa aferrado a la presidencia de Ecopetrol. Y lo que es más grave, lo hace en medio de un clima de creciente incertidumbre jurídica, fiscal y reputacional.
Roa no es un experto en el sector de hidrocarburos. Es, principalmente, un operador político. Fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, campaña cuyas fuentes de financiación hoy son objeto de indagación por parte del CNE, la Procuraduría y la Fiscalía. A ello se suman crecientes señalamientos sobre presuntos conflictos de interés que ya han generado preocupación dentro y fuera del país. Su nombramiento, lejos de ser técnico, encarna la toma política de una de las instituciones más estratégicas del Estado.
Durante su administración, el valor bursátil de Ecopetrol ha sufrido una caída superior al 50 %. En abril de 2022, la acción se cotizaba en USD 19,13; hoy ronda los USD 8,65, tras tocar mínimos históricos de USD 7,36 en 2024. Este no es un fenómeno atribuible únicamente al contexto global, es una crisis específica, provocada y evitable. Y, en lugar de corregir el rumbo, Roa se aferra al cargo.
En abril pasado, Fitch Ratings redujo la perspectiva crediticia de Ecopetrol de “estable” a “negativa”, citando, entre otros motivos, el debilitamiento del gobierno corporativo. En paralelo, la Junta Directiva de la compañía fuertemente influenciada por cuotas políticas del actual gobierno— aprobó un contrato por USD 5,8 millones con una firma de abogados estadounidense para llevar a cabo la denominada “Operación Casita”: una estrategia que, según reveló El Tiempo, tenía como objetivo proteger al presidente de Ecopetrol de futuras investigaciones, y también interceptar información sobre más de 70 altos funcionarios de la empresa.
Un informe de una firma internacional, contratado por la propia Ecopetrol, es contundente al referenciar que, la permanencia de Roa representa un riesgo “ALTO” y “MUY ALTO” en los frentes reputacional, operativo, comercial, regulatorio y de gobernanza. La matriz de riesgos identificó cinco escenarios críticos. En todos ellos, el común denominador es Ricardo Roa.
El escenario más alarmante está vinculado a las investigaciones penales y electorales por la presunta violación de topes de financiación durante la campaña presidencial de 2022. La Procuraduría determinó recientemente que el Pacto Histórico debe devolver más de $154.000 millones por irregularidades detectadas en su contabilidad. En medio de ese entramado financiero aparece Ricardo Roa, quien, en calidad de gerente de campaña, fue el responsable de coordinar los aspectos operativos y financieros del proceso electoral. Hoy, de forma paradójica, lidera el conglomerado empresarial más estratégico del país: Ecopetrol.
El impacto de esta crisis de confianza ya se percibe, por ejemplo, Shell se ha retirado de bloques estratégicos en el Caribe colombiano como Purple Angel y COL-5. Las inversiones extranjeras en exploración y producción han disminuido. El sindicato USO ha manifestado su preocupación por la pérdida de rumbo misional y la creciente politización de la compañía.
Lejos de asumir alguna responsabilidad frente al grave deterioro institucional y financiero que atraviesa Ecopetrol bajo su liderazgo, Ricardo Roa comienza a sonar como posible ministro de Minas. En cualquier democracia seria, los errores de gestión, los escándalos y las investigaciones darían lugar a un relevo inmediato. Pero en Colombia, y particularmente en este gobierno, el fracaso no se castiga: se premia.
Ecopetrol no es una empresa cualquiera. Es el conglomerado público más grande del país que representa el 2,4 % del PIB, emplea a más de 9.000 personas directas, tiene operaciones en más de 10 países y controla filiales tan estratégicas como ISA, Cenit, Hocol, Esenttia y la Refinería de Cartagena. Hoy, bajo esta administración, enfrenta un proceso de debilitamiento institucional junto con improvisación, clientelismo y negación sistemática de los hechos.
Lo que vive Ecopetrol es la cooptación de una institución por parte de una red de intereses políticos, electorales y empresariales que operan como un entramado de control del poder. En este ecosistema aparecen empresas como Olimpo Seguridad Ltda., FECODE, SADI, Roca BI S.A.S., y Windsun Energy LLC, entre otras. También se identifican actores con amplio margen de influencia sobre Ecopetrol y el entorno de poder que la rodea: Daniel Quintero, imputado por corrupción, junto a su ficha en la empresa, Fredy Esteban Restrepo; Edwin Palma, actual ministro de Minas y ficha clave del petrismo; Nicolás Petro, investigado por escándalos de financiación irregular; Euclides Torres, operador político de alto alcance; Armando Benedetti, hoy ministro del Interior; y Xavier Vendrell, articulador de relaciones internacionales con estrechos vínculos empresariales en Colombia.
Ricardo Roa debe renunciar. No como un gesto de grandeza, sino como el mínimo acto de responsabilidad frente a un proceso que hoy lo señala como el principal factor de riesgo para el futuro de Ecopetrol. Lo dijo él mismo: si afectaba a la empresa, se iría. Pues bien, hoy su permanencia afecta gravemente a la empresa. Ya no hay excusas.
