En medio de una de las coyunturas económicas más difíciles de los últimos tiempos, Colombia atraviesa una tormenta que no es únicamente financiera: es también institucional, emocional y, sobre todo, de confianza. El país vive hoy la paradoja de tener un gobierno que, en nombre de una libertad populista, ha terminado por asfixiar la libertad real que permite el desarrollo: la libertad de emprender, de invertir, de crear empresa.
La empresa es la célula de toda economía funcional. Es allí donde se materializa el empleo, donde se recauda la mayor parte de los impuestos, donde se gesta la innovación, se desarrolla la tecnología y se dinamizan las regiones. Es la empresa la que sostiene las universidades; porque sin empleo no hay demanda por formación profesional, la que genera identidad regional, arraigo social y, sobre todo, la que da sentido de propósito a millones de colombianos cada mañana.
Sin embargo, parece que el discurso dominante en el delirante poder actual no lo entiende. O peor aún, lo desprecia. Bajo un relato ideológico que se desconecta de la realidad productiva del país, se ha sembrado una narrativa hostil hacia el empresario, como si fuera un adversario y no un aliado del bienestar colectivo. Se desincentiva la inversión, se improvisa en política fiscal, se eleva el riesgo jurídico y se genera un clima de inseguridad que golpea con especial crudeza al agro, a las regiones, y a los pequeños y medianos emprendedores.
Las empresas son resilientes, sí. Lo han demostrado sobreviviendo al COVID, a las reformas tributarias, a la volatilidad cambiaria y a la presión fiscal. Pero hay una cosa que no toleran: la incertidumbre. Y hoy, esa incertidumbre no viene de los mercados internacionales, ni de la inflación global, ni de un virus. Viene del propio gobierno.
Viene del mensaje confuso, del manejo errático, de la falta de visión económica y de una peligrosa desconexión con la realidad empresarial.
Como ciudadanos, como votantes, tenemos la responsabilidad democrática de no dejarnos seducir por discursos ideológicos vacíos, ni por promesas de redención sin sustento económico. Porque detrás de cada política pública, hay consecuencias reales sobre el empleo, el consumo, el emprendimiento y la inversión. No se trata de izquierda ni de derecha: se trata de que quien aspire a dirigir este país entienda que si las empresas se salvan, Colombia se salva.
No hay bienestar sin empleo. No hay educación sin empresas que paguen impuestos. No hay movilidad social sin cadenas productivas. No hay salud sin recaudo. Y no hay cohesión social sin oportunidades. Es una ilusión peligrosa pensar que se puede redistribuir lo que no se produce. Como bien lo resume María José Bernal, presidenta ejecutiva de Fenalco Antioquia: “¡Déjen camellar!”. Una frase que encierra una verdad profunda: el rol del Estado no es reemplazar al empresario, es permitirle florecer.
El próximo presidente de Colombia debe tener esto claro. Necesitamos liderazgo que promueva, respete y entienda el valor de la empresa. Que garantice seguridad jurídica, seguridad ciudadana y condiciones estables para la inversión. Que no caiga en la trampa de contraponer desarrollo empresarial con medioambiente, o con bienestar social, o con derechos individuales. Porque la empresa bien dirigida es precisamente la que permite cuidar el entorno, generar equidad y promover al ser humano en su dimensión más plena.
La empresa dignifica. La empresa educa. La empresa protege. La empresa transforma. No podemos seguir apostándole a gobiernos que se dedican a debilitarla por prejuicio ideológico, ignorancia económica o interés electoral.
Colombia necesita un pacto por el desarrollo. Y ese pacto empieza por reconocer que sin empresa, no hay país.
