Cuando un emprendedor decide constituir una empresa en Estados Unidos o en España —mercados en los que he tenido la fortuna de operar—, las reglas son claras: tu misión es crear valor, vender un producto o servicio, pagar tus impuestos sobre la renta y cumplir con la nómina. Punto. El Estado se encarga de lo suyo y tú de lo tuyo.
Sin embargo, aterrizar esa experiencia en Colombia es chocarse con una realidad sui generis. Al firmar en la Cámara de Comercio, uno no solo se convierte en Representante Legal; sin saberlo, está firmando un contrato tácito donde el Estado te delega funciones que no te corresponden, convirtiendo tu empresa en una extraña mezcla de financiera, beneficencia y sucursal de la DIAN.
Y no hay mejor ejemplo de esta «tropicalización administrativa» que el manejo de las prestaciones sociales.
El Banco «El Empleador»: rendimientos del 12% garantizados
Empecemos por lo que considero la joya de la corona del absurdo financiero colombiano: Los intereses a las Cesantías.
En cualquier economía lógica, el seguro de desempleo es un fondo que gestiona el Estado o una entidad privada, y el empleador simplemente hace su aporte. En Colombia, no. Aquí, el empleador actúa como «custodio» de ese dinero durante todo el año (del 1 de enero al 31 de diciembre). Hasta ahí, podríamos aceptarlo como un tema de flujo de caja.
Lo «kafkiano» aparece cuando la ley nos obliga a pagar, de nuestro propio bolsillo, unos intereses sobre ese dinero que estamos guardando. Y no cualquier interés: el 12% anual.
Hagamos una pausa aquí. Hoy en día, la banca digital neobanquera (Pibank, NuBank, Lulo) y los mejores CDTs del mercado se están «matando» comercialmente para ofrecer tasas competitivas que rondan esa cifra. Son entidades cuyo core business es captar y colocar dinero.
Pero en Colombia, una pyme que fabrica zapatos, una startup de software o una panadería, está obligada por ley a ofrecer un rendimiento financiero a sus empleados superior o igual al de la mejor banca de inversión del país.
Señores, esto convierte al tejido empresarial en un banquero de alto riesgo obligado. Tenemos que sacar rentabilidad de donde no la hay para cubrir un costo financiero del 12% sobre un pasivo laboral. Es una tasa fija, desconectada del desempeño de la empresa o de la inflación real. ¿En qué otro lugar del mundo el empleador paga «rendimientos financieros» a su equipo por ley?
La ONG forzosa y el impuesto a la «solidaridad»
Si jugar a ser banquero no fuera suficiente, también debemos jugar a ser directores de formación vocacional. Aquí entra el SENA.
La norma es conocida: por cada 20 trabajadores (y uno adicional por fracción de 10), debes contratar un aprendiz. La teoría es romántica: formación dual y oportunidad para los jóvenes. La práctica es un impuesto disfrazado.
El sistema es tan consciente de que muchas empresas no tienen la capacidad operativa o la necesidad técnica de tener aprendices, que creó la «Monetización». Básicamente, la ley te dice: «Si no quieres o no puedes tener al aprendiz, págame una multa mensual».
Lo curioso —y lo que delata la naturaleza recaudatoria de la medida— es que la monetización suele ser más barata que la carga de tener al aprendiz. El mensaje implícito del Estado es perverso: es más rentable pagar para no educar, que educar. Nos obligan a administrar una cuota de «solidaridad» que termina siendo simplemente otro renglón en el gasto operativo, sin aportar competitividad real.
El Recaudador de Impuestos (y la sopa de letras)
Finalmente, está el rol de recaudador. En países desarrollados, la tributación suele basarse en la utilidad neta. En Colombia, tenemos el ICA (Industria, Comercio y Avisos), un impuesto municipal antitécnico que grava el ingreso bruto.
No importa si tu margen es pequeño o si estás en pérdidas; si vendiste, pagas ICA. Y no solo pagas, sino que tienes que gestionar retenciones de ICA (con tarifas diferentes en cada municipio, una pesadilla logística), Retención en la Fuente, Autoretenciones, IVA, impuesto al patrimonio, estampillas departamentales y renovación de Cámara de Comercio.
La carga administrativa para cumplir con estas obligaciones obliga a las empresas a destinar recursos humanos y financieros inmensos, no para vender más, sino para procesar la burocracia estatal.
«Dejen camellar»
No escribo esto desde la queja estéril. Lo escribo como gerente que cree en el potencial de Colombia, pero que ve con frustración cómo perdemos competitividad por cargar con morrales que no nos corresponden.
Los empresarios queremos generar empleo, queremos pagar bien y queremos crecer. Pero es muy difícil correr una maratón cuando te obligan a administrar el seguro de desempleo, garantizar rendimientos financieros de dos dígitos y hacer las veces de oficina de recaudación de impuestos.
Como bien lo resume Maria Jose Bernal Gaviria, directora de Fenalco Antioquia, con una frase que debería ser el mantra de la próxima reforma laboral y tributaria:
«Dejen camellar».
Simplifiquen las reglas. Permitan que el empresario se dedique a lo único que realmente debe hacer: crear riqueza para la sociedad, no administrar las ineficiencias del Estado.
