Escribo bajo la fuerte impresión que me ha causado la información del exmagistrado venezolano Luis Velázquez Alvaray, la cual solo he visto en este 31 de agosto publicada en YouTube, aunque, al parecer la fecha de divulgación es muy anterior (https://youtu.be/7a9moZqFPRc).
Debo admitir que, como colombiano, como adulto mayor, como columnista de medios y como persona que ha desempeñado cargos de importancia en el sector público, me siento francamente asqueado y lleno de pena ajena ante el significado del hecho más que vergonzoso, que la corrupción en mi país haya alcanzado picos tan empinados como la Casa de Nariño, precisamente durante un gobierno que fue elegido como responsable de un “cambio” que convenció, según la Registraduría del Estado Civil, a algo más de diez millones (10.000.000) de compatriotas, ellos ingenuamente esperanzados en una Colombia mejor.
Hace muchos meses que vengo escribiendo en mis columnas, que la situación nacional llegó y aún pasó a una etapa de tal gravedad, que parece que nuestro país se está convirtiendo en un estado fallido, ya que todo coincide para tan penosa condición. La seguridad se ha perdido otra vez y los ciudadanos y hasta las mismas autoridades regionales corremos peligro de atraco, de secuestro y de muerte. La salud, que era motivo de orgullo por su cobertura y eficacia, ha decaído porque el alto gobierno en una acción de dominó (shu, shu, shu según el Presidente) la ha convertido algo del pasado. La economía, por razones ideológicas (socialismo, estatismo, decrecimiento) ha dado tan violento y perjudicial frenazo que la clase alta -y no digamos la media y la baja- ya soportan los efectos de lo que puede denominarse el arte del empobrecimiento general.
Lo anteriormente descrito, que nada tiene de exageración, es el resultado de la acción de Gustavo Petro Urrego, el primer Presidente colombiano de izquierda radical, que, sin preparación para gobernar, motivado por antiguos y nunca olvidados sentimientos de odio al capitalismo y a los empresarios, con una tozudez digna de mejor causa, se ha empecinado en torturar a los millones de colombianos que no votaron y que sí votaron por él, mediante la forzada introducción del socialismo del siglo XXI en la vida y en la historia de los colombianos, a fin de emular con los Castro de la martirizada Cuba y con ese dúo diabólico venezolano que forman Chávez y Maduro, en el tiránico proceso de hundir en la miseria material a nuestra Patria, para satisfacer así su deformada mentalidad, su satánica soberbia y sus violentos y tóxicos rencores.
Pero es que con ser gravísima tal situación, éralo muy poco en comparación con la noticia de que el señor Petro alcanzó la Presidencia de la República de Colombia mediante una combinación de aportes financieros de algunas personas jurídicas nacionales, más un clan familiar de la costa Atlántica y del llamado “cártel de los soles” de Venezuela que, al tenor de las noticias divulgadas está financieramente sostenido con dineros adquiridos por el ejercicio del narcotráfico, todo ello coordinado por un exsenador colombiano y actual embajador en Italia ante la FAO, el cual, según sus propias manifestaciones hechas en estado de embriaguez y posible drogadicción, poseído por la furia contra el Presidente y su más inmediata colaboradora que lo había sido suya, dio pistas muy claras sobre el entramado de corrupción que había sido la campaña presidencial del 2022 y que, al parecer, se valió del conocimiento que tenía de ese hecho para amenazar y chantajear al propio jefe del Estado. ¿Habrase visto mayor podredumbre en tan altos niveles de poder?
Sumado a la miseria anterior, una institución colombiana -el Consejo Nacional Electoral- según ponencia de dos de sus magistrados, mediante expresa ratificación del Consejo de Estado se encuentra a punto de acusar ante la Cámara de Representantes (y posteriormente para decisión del Senado) una violación de topes monetarios de la campaña electoral del 2022 para presidente de la República, lo cual es penado por la propia Constitución Nacional mediante su artículo 109 con la inmediata suspensión del cargo del funcionario elegido.
Los sucesos anteriores han hecho crisis y como consecuencia, sí o sí el presidente Petro (y posiblemente su fórmula electoral) deben dar un voluntario paso al costado o ser despedidos mediante el proceso Constitucional, permitiendo que el Congreso Nacional, y si fuere del caso la Corte Suprema de Justicia, con espíritu patriótico y bajo la estrecha vigilancia del constituyente primario (el pueblo) solucionen el tremendo problema que se ha formado y le devuelvan la paz, la justicia y el orden a todos los colombianos.
