Finalmente fue aprobada la ley contra el ruido. Tras dos años de un trabajo técnico y político intenso, el proyecto se aprobó en el Congreso con gran despliegue mediático y numerosas opiniones a favor y en contra.
Es un buen momento para analizar el proceso, las críticas y, en especial, para pensar en la fase más compleja de toda política pública: su implementación.
Las reacciones demuestran la complejidad de un problema que se ancla en la falta de civismo y empatía: “Me van a quitar el derecho a hacer bulla para toda la cuadra cuando yo quiera”, dicen algunos sin darse cuenta del egoísmo que encierra su actitud. Otros afirman que es una ley hecha por cachacos que no conocen la diversidad cultural del país, poniendo como ejemplo recurrente a la Costa Atlántica; desconocen que muchísimas de las quejas provienen justamente de allí, donde no todos quieren vivir entre parlantes que impiden el sueño, la conversación y la serenidad.
Alguno me recriminó por estar “metiéndome en la vida privada de la gente”, cuando es justamente lo contrario: los ruidosos se meten en nuestras casas, nuestros cuartos y nuestras cabezas sin que podamos evitarlo. Alegan otros que nuestra cultura es así, ruidosa, y por lo tanto no se debe cambiar ni se puede criticar. ¿Qué tal que nos conformáramos con ese argumento para aceptar calladamente aquello que no está bien de nuestras costumbres?
El primer logro de esta iniciativa fue poner el tema en la agenda pública. Hoy en el país se habla del ruido: los ciudadanos se quejan y debaten, los medios de comunicación se interesan en el tema, en la prensa se reproducen columnas al respecto y varias alcaldías, movidas por la presión ciudadana, empiezan a elaborar estrategias para abordar el fenómeno.
La aprobación de la ley, con el apoyo de varios ministerios, la Policía Nacional, alcaldías de grandes capitales y una notoria mayoría de congresistas, fue el segundo paso. Gracias a esta, las autoridades policiales y civiles tendrán más herramientas para enfrentar el tema, pero también más responsabilidades y obligaciones, como la elaboración de diagnósticos, estrategias y el establecimiento de rutas claras de atención para los ciudadanos afectados.
La implementación de la ley, que ha de emprenderse en un par de meses, es el reto más grande. Sabemos que una ley, por sí sola, no cambia nada; por eso hay que recalcar en que ahora lo más importante es la voluntad política. No avanzaremos en tener ciudades más serenas y amables si los alcaldes y comandantes de policía no priorizan la lucha contra el ruido; ya tienen las herramientas y la orden del legislativo, no existen excusas para no empezar. Los ciudadanos, millones de afectados en todo el país, tenemos un papel fundamental: debemos mantener vivo el debate, la exigencia, el llamado al respeto y a la acción de las autoridades. Sin la presión ciudadana y mediática no lo lograremos.
Por mi parte, empezaré una campaña de pedagogía enfocada en funcionarios, empresarios de la noche y el entretenimiento y empresas de transporte, dando ideas y motivaciones para que todos hagamos juntos el esfuerzo de regalarle a Colombia más noches de paz.
