Desde que se inició el “tira y afloje” entre el gobierno nacional y las EPSs se venía notando en el país nacional un progresivo desabastecimiento de medicamentos en las IPSs que proveen las recetas de los médicos del sistema. Al comienzo era un desabastecimiento lento, pero a medida que fue creciendo el desencuentro entre el Presidente, el Ministro de salud y la Superintendencia del ramo por una parte y las entidades proveedoras y las prestadoras del servicio por la otra, el desabastecimiento fue incrementándose, hasta llegar a la gravísima, fatal situación que hoy se presenta en la que la mayoría de las prescripciones se desatienden y las consultas y los procedimientos se retrasan hasta lograr que un gran número de personas, especialmente de la infancia y de la tercera edad, mueren, a veces entre atroces dolores y desgarradores lamentos.
Pero ¿Es posible que esa, en otro tiempo impensable situación, se presente en un país que en pleno siglo XXI y hasta hace pocos meses disfrutaba de un sistema de salud pública con una cobertura cercana al ciento por cierto y unos servicios asistenciales que lo colocaban entre los mejores del mundo?
Lamentablemente sí. Así está sucediendo y lo más trágico de todo es que la causa de todo, según lo que se ha logrado deducir de informes de medios de comunicación y de rumores populares es una cadena horrorosa de circunstancias, a cuál más inhumana y condenable, en la que el gobierno se lleva la peor parte.
Todo se inicia con el propósito del gobierno de realizar, contra viento y marea, una “reforma a la salud” que aparentemente busca ampliar a la ruralidad la prestación del servicio y mejorar las condiciones laborales del personal de la salud, entre otros supuestos beneficios. Pero, alegan sus opositores, entre ellos una mayoría de senadores de la República y algunos otros congresistas, la verdadera finalidad es politizar la prestación del servicio para que este se convierta en un factor de dependencia del gobierno que repercuta en el incremento de votos electorales a su favor y sobre todo, en libertad de “echarle mano” a los grandes recursos económicos propios del sistema para emplearlos en fines perversos, tales como la financiación de campañas electorales y el enriquecimiento particular.
Todo lo anterior mediante el procedimiento que Petro ha mostrado como el “shu, shu, shu” que significa el efecto dominó.
A esto debe sumársele la obsesión del Gustavo Petro por cambiar no solo los actuales procesos de salud sino los de pensiones, condiciones laborales y algunos otros, pero no por razones técnicas, de mejoramiento administrativo o de pretendida justicia social. No. Los motivos son fundamentalmente ideológicos, cuando no psíquicos y se refieren a que Petro parece odiar los conceptos de mercado, oferta y demanda, libertad de empresa, emprendimiento productivo y similares, para implantar en nuestro país el socialismo del siglo XXI, el populismo con traje socialista y el estatismo como razón suprema de gobierno…lo miso que, para esparcir el virus de la vida por la galaxia o tal vez aumentar el brillo de las estrellas……vaya uno a saber.
En medio de este caos institucionalizado, de esta locura sin precedentes, de este amago de improvisada pero odiosa dictadura que nuestro país esta viviendo, se ha llegado al extremo de desconocer el valor de la vida humana, sacrificándola en aras de imponer un criterio inicuo de origen imaginario con un resultado que se traduce en dolor, desesperación y muerte….
Cabe, entonces preguntar: ¿Es que en Colombia no existe una Constitución Nacional que proteja a los ciudadanos, incluyendo a los petristas, en su VIDA, honra y bienes? ¿Es que no podemos contar con un sistema de pesos y contrapesos que proteja a la población colombiana contra el crimen gubernamental, contra el caos institucionalizado, contra la inhumanidad de mentes perturbadas por el poder, la ambición y el odio? ¿Dónde están y porqué no se manifiestan la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General y la Fiscalía General de la Nación? ¿Si no es para asegurar el cumplimiento de la ley suprema de la vida, para que están entonces el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional?
¿Qué hace la Fuerza Pública, militares y policías, mientras sus familiares y amigos mueren lenta y dolorosamente por falta de los remedios que podían salvar sus vidas y restablecer su salud y que ya no reciben porque el gobierno se niega a pagar las cuentas pendientes debido a que un Presidente alucinado y unos ministros deshonestos quieren desviar el dinero para otros propósitos que riñen con la moral, con la verdad y con la justicia?
