Tras 32 días de audiencias del montaje judicial en contra de Álvaro Uribe Vélez, todos los testigos de la Fiscalía coincidieron en una cosa: el expresidente NUNCA pidió mentir o callar; nunca ofreció algún tipo de dádivas o beneficios a los implicados; y nunca pidió que se ocultara información. De igual manera los mismos testigos, así como las horas de grabación recaudadas ilegalmente, resaltan otra coincidencia. La solicitud reiterada del presidente Uribe fue una sola: Que digan la verdad.
Que digan la verdad. Esa fue la frase que se repitió una tras otra vez de boca de las 37 personas que rindieron testimonio por solicitud de la Fiscalía. Esa, y la aseveración por parte de la mayoría de los mismos, expresada de distinta forma, pero revelando idéntica versión de los hechos, de que el senador Iván Cepeda con la excusa de ser defensor de Derechos Humanos, se pasaba sus días en peregrinaciones por las cárceles, buscando testigos que hablaran en contra de Álvaro Uribe Vélez y de su hermano Santiago, a cambio de uno que otro beneficio.
Esta vez las cosas son distintas. Gracias a que la ley 906 de 2004 en su artículo 18 establece la publicidad del procedimiento penal como un principio fundamental que garantiza que medios de comunicación y comunidad en general tengamos acceso de primera mano a las distintas actuaciones procesales, todo el país pudo conocer la verdad.
Todos, sin excepción, pudimos hacerles seguimiento a las audiencias y conocer de primera mano las escandalosas evidencias que dan cuenta de que este oprobioso proceso, no es más que un sainete articulado perversamente desde el petrosantismo. Su propósito, no es otro que el de destruir al jefe de la oposición y sacarlo del camino electoral y democrático.
Lo que queda claro, es que ni un solo testigo pudo corroborar la teoría del caso de la Fiscalía. Ni uno solo.
Ni Monsalve, el paramilitar que nadie conoció, que es la supuesta “estrella”; ni Deyanira, su exmujer y de quien se dice era la médica de las Farc en Tolima y Cundinamarca; ni alias “Caliche”, quien ha cambiado varias veces su versión en el proceso y de quién constan grabaciones en las que pretendía extorsionar a Diego Cadena amenazándolo con no decir la verdad; ni alias “Pipintá”, el supuesto líder de las autodefensas que ningún otro paramilitar reconoce como tal y que otorgó testimonio abarrotado de inconsistencias; ni los funcionarios del CTI que hicieron escucha juiciosa a las interceptaciones ilegales; pudieron aseverar en el estrado que les constara que el presidente Uribe, hubiese incurrido en algún tipo de conducta indebida. Ninguno.
Lo que también queda claro es que este ha sido un proceso plagado de las más escandalosas violaciones a las garantías constitucionales que tiene cualquier ciudadano, más allá de quién sea o qué represente. Queda claro que la fiscal delegada, Marlenne Orjuela, pupila de Eduardo Montealegre -una de las supuestas víctimas- no está actuando conforme lo indica el artículo 250 de la Constitución cuando prefiere compartimentar la evidencia (como quedó rebelado gracias a su error de dejar abierto el micrófono) o desistir de siete testigos, en detrimento de la verdad. Queda claro que la juez Sandra Liliana Heredia ha actuado de forma parcializada, sesgada y vulneratoria de los derechos del procesado con conductas y decisiones autoritarias en las que manifiesta de forma explícita, su ánimo condenatorio en lugar de su ilusión de que se haga justicia. Queda claro que, frente a los ojos de esa misma juez, hubo comunicación indebida entre las supuestas víctimas y varios de los testigos en las que se hacían señas, se entregaban papeles, leían el celular y corregían el guion ante momentos de olvido repentino. Finalmente, queda claro que no hay una sola prueba contra el expresidente, por lo que es evidente que este es un ejercicio de lawfare puro y duro, que no solo desgasta el aparato judicial y vulnera los derechos de un inocente; sino que pone en entredicho la Majestad de la Justicia y amenaza al Estado de Derecho.
Después del martes nos queda también claro que no hay verdad que no aflore y que estos siete años de infamia, deben terminar de una vez. Si el juicio se surte en derecho, cual es el deber ser, el desenlace no puede ser otro que la absolución de Álvaro Uribe, quien ha demostrado con dignidad y grandeza, su inocencia.
